Bruselas dice que la expropiación de YPF a Repsol «complica» las relaciones de la UE con Argentina

«Mientras este caso no se resuelva, seguirá siendo una piedra en el zapato en nuestra relación con Argentina. Está claro que es algo que complica la relación», explicó Matthias Jorgensen, responsable de Latinoamérica en la dirección general de Comercio de la Comisión Europea, en un seminario sobre el caso YPF organizado en el Parlamento Europeo.

El representante del Ejecutivo comunitario se comprometió a seguir abordando este caso en foros internacionales y en las relaciones bilaterales con el Gobierno de Buenos Aires, pero no anunció nuevas medidas y dijo que la disputa no debe afectar a las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, porque debe primar el interés general.

En su opinión, Bruselas reaccionó de forma «muy enérgica» ante la expropiación en abril de 2012 ya que denunció que vulneraba el acuerdo de inversión entre Argentina y España. Además, reclamó al Gobierno de Buenos Aires que no discriminara entre inversores y acordara una «compensación rápida y adecuada» a Repsol. También se llevó el caso a foros como la OCDE, que prepara un informe «confidencial» al respecto, según explicó Jorgensen.

El propio representante de la Comisión se cuestionó no obstante si la Unión Europea dispone de «todos los instrumentos» de presión para forzar el acuerdo, que es la solución que la institución desea. En este sentido, recordó que la expropiación no puede llevarse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque ésta no cubre disputas sobre inversiones y lamentó que la Unión Europea no disponga de una voz única en foros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, admitió que el hecho de que la Unión Europea no tiene ningún acuerdo bilateral firmado con Argentina dificulta encontrar una solución al caso YPF. Bruselas sí denunció a Buenos Aires ante la OMC por las restricciones a las importaciones y confía en ganar el caso.

En ese mismo sentido se expresó el director del centro de investigación European Centre for International Politica Economy (Ecipe), Fredrik Ericsson, quien lamentó la falta de instrumentos de presión efectivos para aplicar en casos como este.

Ericsson consideró que la nacionalización «forma parte de un programa político» en Argentina, que «cada vez más conflictos» con otros gobiernos en el mundo por su forma de actuar, y que las inversiones en otros países se encuentran «en una situación de riesgo político cada vez mayor», debido a los cambios en las reglas del juego, derivadas del desarrollo de países emergente que ganaron poder y por la globalización.

Repsol pide que el caso YPF no caiga en el olvido

El vicesecretario general de Repsol y máximo directivo que está gestionando el caso de Repsol con Argentina, Manuel Klingenberg, agradeció el apoyo del Gobierno español, del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en este caso y denunció que el país austral incumplió sistemáticamente la legislación comercial internacional en este caso.

«Se nos expropió, más bien se nos confiscó, hace ahora cerca de 16 meses, con cierta violencia», denunció Klingenberg en la Eurocámara. «Desde esa fecha, no hemos recibido ninguna compensación ni tenemos ninguna indicación de que se nos pagará. Al contrario, si escuchamos lo que algunos miembros importantes del Gobierno han dicho, nunca pagarán«, lamentó.

Klingenberg reiteró que Repsol permanece «permanentemente abierta a la negociación», ya que el «mayor deseo» de la compañía es lograr una solución consensuada. Sin embargo, destacó que «para negociar hacen falta dos».

El representante de Repsol dijo que «ojalá» el conflicto que mantiene la española con Argentina «se solucione fuera de un tribunal», aunque lamentó que la empresa no tiene otra alternativa que recurrir a los tribunales, incluso sabiendo que Argentina puede incumplir la sentencia. «Lo que podemos decir como empresa privada es que no nos olviden», pidió Klingenberg. «No nos pongan al final de la lista, manténganos como prioridad», apuntó, dado que la vía legal emprendida podría prolongarse mucho en el tiempo.

Respecto al principal litigio que tienen abierto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dónde Repsol reclama a Argentina una compensación de alrededor de 10.500 millones de dólares (unos 8.500 millones en euros), desde la compañía consideraron que va bastante avanzado respecto a los tiempos que emplea este tribunal internacional. Están actuando con «mucha diligencia, pero Argentina tiene una extraordinaria capacidad de defenderse», agregó el directivo.

Al arbitraje internacional se decidió acudir ante la negativa del Gobierno argentino de llegar a un acuerdo con Repsol y abonar por esa expropiación un precio que la compañía española considere justo. Klingenberg reiteró que seguirán con los litigios judiciales hasta que por la «confiscación» reciban una «compensación adecuada».

Tras reiterar que actualmente el caso se encuentra en «prioridad uno» para las instituciones europeas, recordó que «en las organizaciones políticas las prioridades cambian» y que «los problemas que no fueron resueltos tienen que tener un interés» principal.

Klingenberg comentó que los tratados de protección de inversiones han sido un elemento «poderoso» que ha «incentivado positivamente» la implantación en otros países, ya que garantizan el cumplimiento de la ley por la vía negociada. «Argentina es, desafortunadamente, un caso de estudio», señaló.

El eurodiputado del PP, Pablo Zalba, que actuó como maestro de ceremonias del seminario, le contestó que la Unión Europea no olvidará la expropiación de YPF. «Todos estamos de acuerdo en que este no es un caso español sino europeo, que no sólo afecta a las relaciones entre la Unión Europea y Argentina sino también con el resto de nuestros socios», afirmó.

Finalmente, el profesor de la escuela de negocios IESE, Pablo Fernández, presentó su informe en el que consulta con expertos españoles, argentinos e internacionales sobre la valoración de la compensación. En su estudio, Fernández aseguró que la mayoría de las 1.959 respuestas de profesores de economía, analistas y directivos de 42 países, indicaron que el valor de ese 51% de YPF oscila entre los 9.500 millones y 11.500 millones de dólares.