Bruselas decidirá la próxima semana si concede fondos a la conexión España-Francia

La idea fue propuesta el pasado mes de noviembre por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, y ya cuenta con el apoyo de la canciller alemana, Angela Merkel, según revelaron a un grupo de periodistas fuentes comunitarias.

El objetivo es ayudar a financiar determinados proyectos de «interés europeo» que no podrían sufragarse exclusivamente con aportaciones privadas y que ayudarían a reforzar la seguridad de suministro energético de la Unión Europea.

Oettinger espera recibir la luz verde del Consejo Europeo, el próximo 4 de febrero, con vistas a presentar en junio, cuando empiecen a discutirse las perspectivas financieras para después de 2013, una lista concreta de proyectos y cifrar la necesidad de fondos comunitarios para cofinanciarlos.

Entre las prioridades del comisario figura, como señaló en noviembre, la de ampliar la conexión entre España y Francia de los 1.400 megavatios actuales hasta los 4.000 en el año 2020, ya que esta red se ve como una vía para traer energía desde África al resto de Europa.

El Ejecutivo comunitario calcula, grosso modo, que el sector energético europeo necesitará para funcionar una inversión de un billón de euros en los próximos diez años, de los que 200.000 millones deberían destinarse a mejorar las redes de transmisión de energía.

Según los cálculos de Bruselas, la industria aportará como máximo 100.000 millones para infraestructuras, por lo que los otros 100.000 tendrían que ser dinero público.

Oettinger no tiene previsto pedir tal cantidad a la Unión Europea, según las mismas fuentes, pero sí aspira a mantener al menos los 2.300 millones para dos años del programa europeo de recuperación económica. Esa cantidad unida a las aportaciones de otras fuentes públicas podría generar los 100.000 millones necesarios.

Las cuestiones de eficiencia energética también figuran en la agenda del Consejo Europeo de la semana que viene.

El compromiso de la Unión Europea de ser un 20 % más eficiente en 2020 sigue teniendo de momento carácter voluntario y, a pesar de la recomendación del Parlamento Europeo de fijar objetivos nacionales vinculantes, los países siguen siendo reticentes.