Bruselas da luz verde a la ampliación del Feixolín para garantizar el sector minero

La actividad condenada por el TSJCYL la realizaba la MSP, sociedad que ha pasado a integrar Coto Minero del Cantábrico, propiedad de Victorino Alonso, presidente de Carbunion.

Dentro del Plan de Minería a cielo abierto hasta el 2020, la Junta de Castilla y León prevé además invertir 3,7 millones de euros hasta ese año en las explotaciones a cielo abierto de las comarcas leonesas de Laciana y Babia, con el fin de garantizar la actividad minera y proteger y conservar el medio ambiente de la zona, establecida como área Red Natura 2000.

El plan de minería a cielo abierto, así como el informe de sostenibilidad ambiental están ya elaborados y se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), según ha anunciado Ricardo González Mantero en rueda de prensa.

Una vez publicado este plan, la Comisión Europea someterá el texto definitivo a validación para comprobar si estas medidas compensatorias de 3,7 millones de euros propuestas por la Junta son apropiadas o se debe añadir alguna más.

Entre las medidas compensatorias destaca la creación de hábitats favorables para la protección de especies protegidas (como el urogallo cantábrico y el oso pardo), la mejora de los pastos para evitar incendios, campañas de sensibilización para la población local y la recuperación de instalaciones mineras que se encuentran abandonadas.

Desde un punto de vista económico, Mantero ha destacado que sólo en la comarca de Laciana, el Plan del Carbón 2006-2012 establece una producción total de 964.000 toneladas, lo que supone el 22 por ciento de la producción del carbón de la Comunidad Autónoma.

En la comarca lacianiega, el 36 por ciento de la población activa está vinculada a la minería del carbón, de un total de más de 11.000 habitantes.

Posteriormente, una vez autorizado el Plan por la Unión Europea (no antes de tres meses), el proyecto de ampliación a la explotación completa del Feixolín (de 73 hectáreas) tendrá que pasar asimismo la Declaración de Impacto Ambiental, cuyo trámite llevará, al menos, un año, según Mantero.

Esta medida mantendrá el empleo minero e incrementará en medio centenar los puestos de trabajo en la comarca lacianiega, tras una inversión de 18 millones de euros hasta el 2011 por parte de la empresa Coto Minero Cantábrico.