Bruselas autoriza a Reino Unido a dar ayudas de 20.000 millones para construir una central nuclear

Durante la investigación en profundidad de Bruselas, Reino Unido aceptó «modificar de forma significativa» la financiación del proyecto en respuesta a las preocupaciones del Ejecutivo comunitario. Los cambios «limitan las distorsiones de competencia en el mercado único» y «logran ahorros significativos para los contribuyentes británicos», según indicó el vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

Sin embargo, las organizaciones ecologistas han atacado la decisión de Joaquín Almunia por considerar que sólo beneficia a EDF y que la Unión Europea claudica ante la industria nuclear costa de los contribuyentes y el medio ambiente. «No hay absolutamente ninguna justificación legal, moral o medioambiental para convertir los impuestos en beneficios garantizados para una empresa nuclear cuyo único legado será un montón de residuos nucleares», denunció Greenpeace, que advirtió de que esta decisión acabará ante los tribunales. Varios comisarios están también en contra de la decisión de Joaquín Almunia.

Los costes de construcción de la planta de Hinkley, la primera que se construirá en Reino Unido desde 1995, se estiman en 31.200 millones de euros. La central requerirá una financiación de la deuda de 21.600 millones y finalmente tendrá un capital de alrededor de 43.000 millones, según Bruselas. El inicio de operaciones está programado para 2023, con una vida útil prevista de 60 años. Los dos reactores producirán 3,3 GW de electricidad, el 7% del total de Reino Unido.

De acuerdo con la legislación comunitaria vigente, los Estados miembros son libres para determinar qué fuentes de energía escogen. «Reino Unido ha elegido promover la energía nuclear y esta decisión está dentro de sus competencias», destacó la Comisión Europea, que precisó que su única obligación es verificar si las ayudas públicas se ajustan a las reglas de la Unión Europea, cuyo objetivo es preservar la competencia en el mercado único.

Reino Unido tiene previsto establecer un apoyo a los precios, que garantiza que el operador de la planta de Hinkley recibirá ingresos estables durante un periodo de 35 años. EDF también se beneficiará de un aval o garantía del Estado que cubrirá cualquier deuda que el operador contraiga en el mercado financiero para financiar la construcción de la planta. Durante la investigación, las autoridades británicas demostraron que el apoyo va dirigido a corregir un «auténtico fallo de mercado», despejando las dudas iniciales de Bruselas. En particular, los promotores del proyecto no serían capaces de lograr la financiación necesaria «por su naturaleza y tamaño sin precedentes».

Por lo que se refiere al aval público, la Comisión Europea concluyó que la tarifa que el operador tenía que pagar al Tesoro británico era demasiado baja para un proyecto con este perfil de riesgo. Por ello se aumentó significativamente, lo que según Bruselas significará una reducción de la ayuda de 1.300 millones de euros. Además, tras la intervención de Bruselas, los beneficios que genere el proyecto deberán compartirse con los consumidores británicos durante la vida útil de 60 años.

Ello es así, asegura Bruselas, porque tan pronto como los ingresos totales del operador (la rentabilidad financiera) superen un porcentaje fijado, cualquier ganancia será compartida con la entidad pública que otorga el apoyo financiero. Además, se establece un segundo límite mayor por encima del cual esta entidad obtendrá más de la mitad de las ganancias, que serán compartidas con los consumidores a través de una reducción en el precio pagado por esa agencia a EDF.