Botella pide a Soria mejoras para el tratamiento de residuos, «en peligro» tras la reforma energética

En la carta, Botella propuso dos medidas que, a su juicio, contribuirán a «paliar» el problema de las instalaciones, caracterizado no sólo por la dificultad para garantizar la sostenibilidad económica, sino también por los efectos negativos sobre el medio ambiente.

La primera iniciativa consiste en una exención de todas las medidas regulatorias, tanto fiscales como retributivas, aprobadas desde 2012 para los servicios públicos de gestión y tratamiento de residuos y de lodos de depuración gestionados por las ciudades y las comunidades autónomas.

La segunda propuesta de Botella pasa por que las instalaciones asociadas a la prestación de estos servicios públicos en operación antes de 2008 no se queden sin las retribuciones a la inversión y a la operación. La retirada de estos incentivos aparece en los borradores tanto del real decreto del régimen especial como de la orden ministerial sobre parámetros retributivos de estas instalaciones.

La alcaldesa aseguró que «la repercusión económica de estas dos propuestas no incidiría significativamente en el importe total de las retribuciones, pero sí contribuiría a solucionar los desajustes económicos que el nuevo marco regulador está provocando en el conjunto de la administración local y autonómica».

Las propuestas impedirán además a su juicio que se incremente sustancialmente el déficit de las administraciones locales y autonómicas o que se encarezcan las tasas públicas asociadas a la prestación de estos servicios.

En la carta, la alcaldesa de Madrid compartió «plenamente» la necesidad de dar un marco estable al sector eléctrico y de acometer reformas que garanticen su sostenibilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, llama la atención acto seguido sobre la actividad de tratamiento de residuos, crucial en ciudades como Madrid.

Estos servicios se sostienen económicamente en parte gracias a los incentivos al régimen especial. Por ese motivo, las medidas fiscales y regulatorias impulsadas desde 2012 están provocando «un gran perjuicio económico a todas las administraciones que, como Madrid, cuentan con tratamiento de residuos y lodos con producción de energía eléctrica», advirtió.

De hecho, desde esa fecha las plantas se encontraron con nuevos impuestos y peajes, la supresión de exenciones fiscales del impuesto de hidrocarburos, la supresión de primas y otras retribuciones, y la limitación de valores de venta de energía según la eficacia de la producción en función de la demanda. A todas las medidas se suma el nuevo recorte al régimen especial.

Botella también advirtió de que la nueva situación hace «más difícil» el cumplimiento del Plan de Ajuste 2012-2022 del Ayuntamiento de Madrid y del resto de ciudades españolas. Además, calificó de «especialmente preocupante» el perjuicio medioambiental que se podría producir si los ayuntamientos renuncian a algunas de estas actividades.

Las plantas de tratamiento de residuos generaron en 2012 el 4,1% de la producción del régimen especial, donde se incluyen las renovables y su prima sumó ese año 195 millones de euros, frente a los 8.639 millones de euros de todo el régimen especial, esto es, el 2,26% del total.

Botella también defendió ante Soria las políticas de tratamiento de residuos en Madrid. «No han sido precisamente testimoniales, sino que constituyen las actuaciones medioambientales más avanzadas de España», señalaron, antes de calificar el parque tecnológico de Valdemingómez de «referente nacional e internacional».

El Ayuntamiento de Madrid gestiona dos plantas de biometanización de residuos, una planta de producción de biometano, una incineradora, una instalación de producción de energía eléctrica a partir del biogás de vertedero y dos plantas de secado térmico de lodos con importantes beneficios medioambientales.

Sólo en la última década, recordó Botella, se destinaron 300 millones de euros a la inversión en estas instalaciones. Su explotación requiere un gasto corriente anual de 35 millones de euros.