Bolivia está «dispuesta» a negociar con Iberdrola, pero pide una pausa en el proceso de arbitraje internacional
«Hay avances muy importantes, avances muy significativos. Sin embargo, en Bolivia nosotros no dialogamos bajo presión de nada, ni de nadie», dijo el Procurador General del Estado boliviano, Héctor Arce, en una entrevista con el canal estatal de televisión.
Arce, encargado de negociar con las trasnacionales a las que Bolivia expropió empresas, reiteró que cuando se abre un proceso de diálogo con las compañías debe iniciarse una pausa en el proceso de arbitraje, una posición que ya expresó a fines de febrero pasado.
Agregó que «dentro de esa pausa en el arbitraje, que puede ser de meses, que puede ser de años incluso» se negocia un acuerdo, pero si no se alcanza un convenio la compañía puede seguir con su demanda.
«La empresa tuvo algunos reparos ante eso. Lamentablemente se han tenido que paralizar las negociaciones que estaban llevando el ministro de Hidrocarburos y Energía, la Empresa Nacional de Electricidad y nosotros como abogados, pero la puerta está abierta si la empresa acepta las condiciones de Bolivia», sostuvo Arce.
El Procurador boliviano dijo que su país es el que más nacionalizaciones ha hecho en los últimos tiempos, el que más beneficios ha obtenido de esos procesos, pero también «es el que menos conflictos jurídicos tiene» que afrontar, porque ha llegado a varios acuerdos con las compañías trasnacionales.
Según Arce, la eléctrica española inició en 2014 el arbitraje internacional para que se le indemnice por la nacionalización de cuatro de sus filiales: las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
El pasado 21 de diciembre, Arce anunció un «principio de acuerdo» para pagar a Iberdrola una indemnización menor a la que solicitaba inicialmente, pero esa solución no llegó a concretarse.
Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2006, el presidente boliviano, Evo Morales, nacionalizó una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, de inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos.




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