Bolivia anima a países emergentes a llevar a cabo nacionalizaciones

Su presidente Evo Morales explicó, en calidad de anfitrión del foro, que el modelo de la nacionalización petrolera de Bolivia decretada el 1 de mayo de 2006 se diseñó bajo el principio de que las petroleras nacionales o extranjeras no pueden ser dueñas de los recursos naturales, sino socias del Estado en su explotación. Esa nacionalización dio al Estado el control de todo el negocio del gas e impuso a las petroleras una carga tributaria que, según Morales, puede llegar a 82% u 85% del valor generado por su exportación.

El resto de los recursos, entre el 15% y el 18%, se transfieren a las empresas operadoras en la extracción del gas, pero la mitad de ese porcentaje cubre costos de operación y el resto son beneficios, según la exposición del mandatario. Morales apuntó que expertos españoles, venezolanos y cubanos le asesoraron para fijar esa carga tributaria a las empresas, mientras que los técnicos bolivianos sugerían que fuera del 70%.

El presidente de Bolivia también aconsejó a los ministros del G77 que no teman a los «chantajes» o «amenazas» a la hora de nacionalizar empresas o recursos naturales en sus países. Evo Morales indicó que en 2005, un año antes de su llegada al poder, las inversiones en el sector de los hidrocarburos sumaban apenas 240 millones de dólares y en 2014 la cifra es de 3.029 millones de dólares, un 70% proveniente del Estado.

A juicio del gobernante, Bolivia cambió su realidad económica y se liberó gracias a los ingresos procedentes de las exportaciones del gas y por el régimen tributario al que están sometidas las petroleras. Este año, Bolivia, con poco más de 10 millones de habitantes, recibirá alrededor de 6.000 millones de dólares por las exportaciones del gas natural, la mayoría de las cuales irá al Estado para su distribución a nivel regional, municipal y sectorial. Morales subrayó, además, que la nacionalización está constitucionalmente blindada, de forma que ningún futuro gobierno pueda volver a privatizar las empresas estatales o los servicios básicos.

Muchas nacionalizaciones pero pocos juicios

Según el procurador general del Estado boliviano, Héctor Arce, Bolivia es precisamente el país que más nacionalizaciones realizó en los últimos años pero es, a la vez, el que menos juicios de arbitraje afronta por esas medidas. Desde la llegada al poder de Evo Morales en 2006, el Gobierno de Bolivia nacionalizó más de veinte empresas en los sectores de hidrocarburos, electricidad, minería y telecomunicaciones, pero también negoció varios acuerdos para indemnizar a los inversores extranjeros afectados por las expropiaciones.

El funcionario enfatizó que existen algunos procesos en los tribunales y sólo un laudo arbitral dictado contra Bolivia por una demanda de la británica Rurelec debido a la expropiación en 2010 de sus acciones en la generadora de electricidad Guaracachi, pero que ya fue solucionado. En ese caso, el acuerdo consistió en pagar 31,5 millones de dólares a Rurelec, pese a que su petición inicial era de 142 millones de dólares, según el Gobierno boliviano.

Héctor Arce, que es el responsable de buscar acuerdos con los inversores extranjeros que sufrieron las expropiaciones, indicó que Bolivia es el país que de mejor manera está recuperando el control sobre sus recursos naturales y de los sectores económicos. Según el procurador, gracias a esas medidas de nacionalización, Bolivia ha dejado atrás la inestabilidad económica que, a su vez, provocaba inestabilidad social y política.

El dirigente boliviano subrayó que la política nacional consiste en decidir nacionalizaciones por razones de interés público y en pagar indemnizaciones «justas y correctas», pero si las empresas extranjeras actuaron mal o estafaron al país no deben ser, a su juicio, indemnizadas. Asimismo, la forma en que Bolivia desarrolló el tema de las nacionalizaciones «permite despejar los fantasmas» de posibles sanciones externas contra naciones que hicieron expropiaciones, concluyó el procurador.