Autorretribución

Es un síntoma de la comunicación política de nuestro ejecutivo actual, caracterizada por el complejo de culpa y del eufemismo, fruto del temor a expresarse a sus anchas en la realidad de sus acciones, evitando el subterfugio por la vía nominalista.

Así, podemos leer cómo el Real Decreto Ley recién promulgado, que reforma la jubilación anticipada y que posterga la edad de jubilación, se denomina «Medidas para Favorecer la Continuidad de la Vida Laboral de los Trabajadores de Mayor Edad y Promover el Envejecimiento Activo«. Lo que es cierto, sin cuestionar o no su necesidad, o valorar el nivel de diálogo del Ejecutivo con las fuerzas parlamentarias del extinto Pacto de Toledo (no es misión de este medio), es que el nombre se las trae.

En lo energético, pudimos leer la «Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética«, que no era ninguna de las dos cosas, como el tiempo ha demostrado. En ese momento, se acusaba a la factoría Montoro de esa inventiva de nombres socialdemócratas, versión castiza de George Lakoff.

Y, ahora, en la misma línea y recién presentado, se puede leer como denominación «Proyecto de Ley de Garantía de Suministro e Incremento de la Competencia en los Sistemas Insulares y Extrapeninsulares«. Y, merced a esa voluntad inquebrantable del título del «Incremento de Competencia» se atribuye en todo el país y en exclusividad la generación por bombeo a los operadores de transporte y sistema, Enagás y Red Eléctrica de España, que ya actúan en régimen de monopolio y transportistas únicos en los sectores gasista y eléctricos. Y, se hace bajo la fórmula tramposa de un mecanismo de operación, pese a su confrontación con las Directivas Europeas y el modelo de «undbundling» de separación total de actividades.

Pero es más: por si fuera poco, se ha confirmado que el proyecto de ley para el suministro de las islas fue elaborado a tres bandas entre el Ministerio de Industria, el IDAE y Red Eléctrica de España. Esto viene a confirmar una constante en el comportamiento regulatorio energético español: que es un contubernio, un chalaneo continuado que va de administraciones populares a socialistas, pasando al Ministerio de Industria para definir unos Entes políticos intervencionistas en su propio beneficio. Una liberalización de mentira.

La ligazón de los operadores de transporte y sistema y la Administración energética, con la invisibilidad, e incluso complicidad de la Comisión Nacional de Energía, es un signo de trágica carencia de instituciones económicas y sectoriales que es una termita que todo lo devora en nuestro país. Otro ejemplo.

Se trata de una relación que permite a estos operadores «autorregularse» por la vía de la voluntad al fijar su retribución al conseguir más actividades, más activos retribuidos o más inversiones necesarias o no, anticipando su cobro. Y, todo ello, gracias a la ambigüedad de la confusión de actividades: operadores de transporte y sistema, que son empresas privadas, que parecen públicas y cuyas cúpulas se deciden desde la política y cuya retribución sin riesgo se indexa a los salarios del sector privado. Unido, claro está, a una formidable capacidad técnica y a la torva mirada sobre las empresas que se proyecta continuamente, en un país de corte peronista.

Es un proceso de captura del regulador al que estamos acostumbrados, tolerado con la pátina de lo supuestamente beneficioso de «lo público» (que no lo es, ni formalmente, ni en la práctica) pero no por ello menos disfuncional y menos subversivo en su funcionamiento para una sociedad democrática. La Secretaría de Estado de Energía se echa en sus brazos regulatorios y legales y la CNE, que nunca se ha creído su papel, que está en liquidación y demolición, les deja paso complacientemente. Una concepción paradójica de la competencia y un comportamiento totalmente intervencionista que, finalmente, será promovido por un ministro y un secretario de Estado a fuer de liberal.

No debemos extrañarnos, por tanto, de esta noticia relativa a la autoría compartida de la ley elaborada por sus propios beneficiarios retributivos, que confirmaba ayer el diario Cinco Días . Una noticia así en cualquier país de nuestro alrededor debería causar escándalo a las autoridades comunitarias (además de ir en contra de las propias Directivas Europeas) y a las instituciones económicas españolas y supondría la retirada automática del proyecto de ley. Por mucho que desde nuestro Gobierno se trate de enmascarar dicho proyecto como que su contenido es «lo normal», que es algo de «sentido común» en nuestro país y que es «lo lógico», como diría Rajoy en su prosodia, dado que se tiende hacia un modelo de organización chavista de empresas pseudopúblicas en el sector energético.

De hecho, esta petición de ser los encargados de realizar la generación por bombeo, es una constante y una demanda clásica de nuestros operadores de transporte y sistema, que además de resistirse a la separación de ambas actividades, intentan extender sus funciones hacia la generación, con el eufemismo de que podrían ser mecanismos utilizables para supuestamente garantizar la «operación del sistema». ¿Qué mejor mecanismo para garantizar la operación del sistema que expropiar todo o que las empresas dejen de ser privadas, de actuar en mercado y de que actúen ejecutando órdenes del operador de sistema a retribución regulada?

A la vista de todo esto, proponemos, por tanto, que se cambie el título del proyecto de ley recién presentado y se redacte en los siguientes términos: «Ley de otorgamiento en exclusiva de las actividades de generación por bombeo a los operadores de transporte y sistema, para la expulsión de las empresas privadas de dicha actividad, y de garantía de autofijación del marco retributivo propio de los ISO españoles eléctrico y gasista«. Así nos enteraríamos todos. Y en la Unión Europea también.