Ausbanc demandará a Endesa por la fuga de Ascó

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha anunciado que en los dos próximos meses presentará una demanda contra Endesa por la fuga de Ascó (Tarragona) de noviembre del 2007, en la que exigirá a la eléctrica indemnizaciones por valor de, como mínimo, 40 millones de euros.

El letrado de los servicios jurídicos de esta agrupación, Aitor Beldarrain, afirmó que, más allá del expediente administrativo que gestiona el Gobierno, Ausbanc quiere impulsar una acción en favor de aquellos ciudadanos afectados que tienen derecho a ser indemnizados.

Por ello, Beldarrain explicó que exigirán a Endesa unos 40 millones de euros, divididos en tres grupos y diferentes cuantías, siguiendo un baremo indemnizatorio «ecuánime», más allá de que cualquier persona solicite mayores cantidades a título individual.

Un primer grupo estaría formado por las 750 personas, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que trabajaron o pasaron por el emplazamiento radiactivo y, para las cuales, exigirían 3.000 euros por persona por «el daño moral sufrido», derivado de las «revisiones para medir el impacto radiológico, las cuales, posiblemente, deban mantenerse de por vida».

Según explicó la delegada de Ausbanc en Cataluña, Montse Andrés, en este grupo se incluye a los menores de edad que visitaron la central, para los cuales se piden 4.000 euros por afectado, teniendo en cuenta la mayor fragilidad de la infancia ante impactos radiactivos.

El segundo incluye a los habitantes del municipio de Ascó, para los que se demandan 2.000 euros por individuo, por los posibles riesgos radiactivos que puedan existir y los daños morales derivados de la ausencia de información ante la fuga.

El tercer grupo engloba a todos los habitantes de la comarca de Ribera d’Ebre por la merma en la actividad económica particular y de los comercios, y para los que piden mil euros por persona.

Además, exigen la creación de tres fondos de diez millones de euros cada uno, gestionados de manera mixta por la administración y las asociaciones, para hacer un seguimiento detallado del estado de salud de los afectados, revisar los planes de seguridad existentes y promocionar actividades alternativas a la nuclear favoreciendo el crecimiento económico de la comarca de Ribera d’Ebre.

Por otra parte, Beldarrain ha pedido que el expediente administrativo contemple la sanción «más alta posible» a la eléctrica y que se proceda a retirar la concesión que tiene en Ascó, ya que demostró que no sabe gestionar la situación y, a pesar de que fue requerida por escrito, «actuó negligentemente y de forma oscurantista, suministrando información deficiente e incompleta» sobre la fuga radiactiva de la central.

Finalmente, el letrado ha solicitado al Ejecutivo central que se establezcan nuevos criterios de evaluación y supervisión más exhaustivos para evitar nuevas fugas.