Atado y bien atado. O vendetta.

Hoy empiezan a puerta cerrada los trabajos en la Comisión de Industria del Congreso sobre el proyecto de Ley Eléctrica presentado por el Gobierno en el paquete de medidas de la reforma eléctrica. En tramitación parlamentaria, a este hito se le domina el debate en ponencia.

Previamente a ello, el Grupo Parlamentario Popular ya ha introducido las suficientes apostillas regulatorias para que, de forma aditiva, se incluyan en el Proyecto de Ley que la Comisión de Industria del Congreso, con el objeto de que la resultante final sea la que se trate ya de forma abierta y pública, incluyendo los primeros sesenta remiendos franqueados por los propios populares la semana que viene. Hoy se bendecirá mediante el procedimiento del rodillo.

La forma de estas enmiendas y su concreción hacen difícil que su contenido e instrumentación procedan de las ideas y estudios surgidos de los representantes provinciales conservadores, según la estructura de representación política del siglo XIX que impera en España. Por tanto, hay que colegir que es el Gobierno, el Ministerio de Industria, la voz de su amo, el que ha colocado toda esta metralla en esta fase oculta de la tramitación parlamentaria de la ley en la que el Parlamento es enmienda-aceptante universal sin más.

Las apostillas regulatorias incluidas por el Grupo Parlamentario Popular vienen a radicalizar aún más los elementos más insólitos de la reforma, como es la concreción de la extravagante y despótica fórmula para fijar in aeternum la “retribución razonable”, de forma que quede en el frontispicio de la ley.

En esa línea de propuesta está, en una norma con rango de ley, la determinación de los ‘spread’ a añadir a las inversiones reguladas (recordemos que la ley fija un modelo retributivo genuino español, consistente en el tipo resultante de los bonos del tesoro a diez años más un margen denominado, en técnica financiera, ‘spread’). En definitiva, quedaría acrisolado (¡en una ley!) el número de puntos básicos a añadir a los bonos de tesoro a tres años para los activos afectados por la norma. Por tanto, sería una cuestión que sólo podría ser modificada por derogación de la Ley o Ley Orgánica.

En todo caso, es de agradecer que el Partido Popular no esté actualmente propenso a las reformas constitucionales, porque si no, Soria y sus secuaces serían capaces de llevar los ‘spread’ de las inversiones reguladas a la Constitución Española para que se pudieran modificar sólo por referéndum. La expresión “atado y bien atado”, de reminiscencias franquistas, da el tono a ley. En todo caso, sería razonable que si el ministro quiere pasar a la posteridad con una reforma de voluntad de petrificar aspectos de la ley que llegan al esperpento, podría reflexionar más las cosas y que la tramitación no se haga en un formato bochornosamente atropellado para la importancia que tiene para nuestro país esta reforma.

Por otra parte, de forma paradójica, con esta vocación por la inmortalidad de la nueva Ley, se produce la falta de fiabilidad respecto al compromiso del Estado en la atención hacia los costes eléctricos y su contribución, toda vez que han sido los comportamientos de los distintos Ejecutivos los generadores del déficit. Se reduce la aportación prevista inicialmente a los sistemas extrapenisnulares por un lado, y, por otro, el crédito de 2.200 euros destinado a cubrir las primas a las renovables que debe liberar el Ministerio de Hacienda es pura elucubración. Por otra parte, la combinación de las políticas tarifaria y de peajes de este año, volverá a generar un voluminoso déficit tarifario (más de 3.000 millones de euros), algo que este Proyecto de Ley consagra, al obligar a que sea financiado por las eléctricas, sin el aval del Estado.

Todo ello, bajo el signo de la ‘vendetta’ y el incendio. El ministro de Industria, al parecer, no perdona que haya sido recurrida la aberrante orden de peajes de este verano ante el Tribunal Supremo por parte de las empresas. Y, además, se confirma el comportamiento recurrentemente coactivo de esta Administración, en términos de lentejas, bajo el aforismo maniqueo de «o estás conmigo o estás contra mí», bajo la amenaza de la vesania.

Eso, y la voluntad inequívoca del tridente Nadal-Nadal-Soria, que entiende la política de intervenir en la economía y las empresas, premiando arbitrariamente a los “buenos” y castigando a los malos por llevarles la contraria, bajo el chantaje y la amenaza del BOE.