Así lo han manifestado en Oviedo el consejero de Industria del Principado de Asturias, Graciano Torre, y la viceconsejera de Economía la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández Muñoz. Se han reunido con el presidente y el portavoz de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso y Gerardo Biaín, respectivamente. También han asistido al encuentro el director General de Minería y Energía, Isaac Pola Alonso, y el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero.

Los empresarios han presentado a los representantes de ambos gobiernos una serie de medidas para apoyar la aprobación del texto, algo que consideran fundamental para superar la situación que atraviesan las compañías, sin poder hacer frente a sus gastos corrientes, incluidos los salarios.

Las dos Administraciones autonómicas han decidido impulsar acciones conjuntas dirigidas a buscar apoyos en otras comunidades autónomas, otras regiones europeas y en la Unión Europea, así como pedir celeridad al Gobierno de España. Se elaborará un comunicado conjunto dirigido a los Comisarios Europeos, además de potenciar las entrevistas con los mismos.

El consejero de Industria del Principado de Asturias, Graciano Torre, ha dicho que «no tiene sentido que no se apruebe el decreto ni que se dilate en el tiempo» y ha recordado que los trabajadores están sin cobrar sus nóminas por esta situación. A su juicio hay razones de peso «técnico» y «jurídico» para su aprobación porque el texto no se opone ni a la legislación europea ni a la española.

Torre ha insistido en la necesidad de que el proceso se acelere porque existe un «problema de tiempo». La previsión es que en el mes de septiembre se aborde este asunto. «Lo que pretendemos es arrimar todos el hombro para que el decreto se apruebe y se pongan en marcha lo antes posibles los mecanismos que permitan entregar el carbón a las eléctricas», ha comentado.

Por su parte, Begoña Hernández ha señalado que resulta «urgente» la aprobación del real decreto y que es algo que precisa «acciones coordinadas» para generar una opinión positiva al respecto. «Es un texto que cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de Bruselas», ha afirmado.

Ha considerado «necesaria» que exista una opinión favorable en Bruselas, que tenga claro que es necesario seguir adelante con el sector del carbón «que es la única fuente autóctona con la que contamos en España».

Mientras, el presidente de la patronal minera Carbunión, Victorino Alonso, ha dejado claro que hasta que las empresas consigan liquidez a través de los mecanismos establecidos en el decreto no podrán hacer frente a los gastos corrientes, incluidos los salarios de los trabajadores.

Ha explicado que en la última junta directiva de Carbunión se acordó iniciar una serie de contactos con diferentes instituciones con vistas a la inmediata aprobación del decreto en este mes de septiembre. Así, han decidido iniciar acciones políticas con diferentes comunidades autónomas «con el objetivo de llegar al Colegio de Comisarios con la suficiente información para que sepan por qué ha de aprobarse de forma urgente».

El real decreto de ayudas al carbón autóctono, ha dicho, se apoya en una directiva europea que señala que por motivos de seguridad del suministro, los Estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15% de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro. Así, Victorino Alonso, consideró «de obligado cumplimiento» que Europa ratifique el Real Decreto.

Hasta la aprobación del mismo, Victorino Alonso ha reconocido el «problema económico» que sufren las empresas y ha solicitado un «programa financiero» para poder «llegar» hasta que se reinicien los suministros a las eléctricas. «No se puede atender ni a suministros, ni nóminas, ni nada… Las pocas empresas que no están en esa situación entrarán en la misma el mes que viene», ha afirmado.

Por otro lado, tanto los empresarios como los representantes de los Gobierno autonómicos se han mostrado partidarios de un nuevo reglamento europeo sobre ayudas estatales a la minería del carbón. Aunque esta cuestión no es tan urgente.

Los mineros de Teruel se encerrarán contra la reducción de ayudas minería carbón

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO de las cuencas mineras de Teruel empezarán el 3 de septiembre un encierro indefinido en el ayuntamiento de Ariño, que continuarán hasta que entre en vigor el real decreto de ayudas al sector del carbón.

El acuerdo ha sido adoptado en una reunión convocada por ambas centrales en Andorra (Teruel) para abordar la situación del sector minero en la provincia, a la que han asistido alcaldes y presidentes comarcales de la zona, empresarios, sindicalistas y representantes políticos de PSOE, PP, PAR, CHA e IU.

Así lo ha asegurado la secretaria comarcal de CCOO en Andorra, María Ángeles Manzano, quien ha asegurado que la decisión de llevar a cabo el encierro se debe a su consideración como lugar «emblemático» de la minería turolense, al depender toda su actividad económica de este sector.

La responsable sindical ha explicado que el encierro lo realizarán cuatro personas, en turnos sucesivos de 48 horas, que se prolongarán hasta que se produzca la entrada en vigor del real decreto.

Ha añadido que los encierros contarán con la participación no sólo de trabajadores y representantes sindicales, sino de la de empresarios y responsables políticos que han expresado su voluntad de tomar parte en la movilización.

A su juicio, la sociedad turolense «es consciente de que si el decreto no se aprueba y sale adelante en Bruselas la propuesta de un nuevo reglamento que contempla el cierre de la minería deficitaria en octubre de 2014, esto se va a pique«.

Ha asegurado, además, que los trabajadores de las cuencas mineras se sienten «respaldados» por la sociedad turolense en sus reivindicaciones, aunque ha lamentado al tiempo que las «presiones» ejercidas desde la Comisión Europea hubiera paralizado la aprobación del real decreto del Gobierno.

Ha valorado positivamente, además, la iniciativa del Gobierno aragonés de sumarse a las reivindicaciones planteadas desde otros territorios mineros en apoyo del sector del carbón como fuente energética de carácter estratégico.

Para los sindicatos convocantes del encierro, la supresión de las ayudas y la aprobación del reglamento europeo supondría el cierre de las minas de Teruel y la pérdida de mil puestos de trabajo directos y de una cifra similar indirectos.