Arca Ibérica se personará como acusación popular en el proceso contra los responsables del Castor

La denuncia de Fiscalía se dirige contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del Castor, así como contra la mercantil Escal UGS. Las instalaciones de almacenamiento de Castor cesaron su actividad de forma temporal en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona, con el fin de solicitar información al Instituto Geográfico Nacional para conocer si los movimientos estaban relacionados con los trabajos realizados en la planta.

El Instituto Geográfico Nacional comenzó a detectar actividad sísmica en septiembre de 2013 e inició un seguimiento especial debido al incremento diario de la actividad. Inicialmente, la localización de los epicentros se situó en torno a la plataforma instalada para ejecutar el citado proyecto y en su informe concluyó que existía una «relación directa» entre la planta Castor y los movimientos. Escal UGS, concesionaria de Castor, realizaba trabajos de inyección del gas colchón, utilizado para adecuar el almacenamiento a las inyecciones y extracciones de gas propias de un almacén gasista.

La Fiscalía de Castellón acordó en octubre de 2013 incoar diligencias de investigación penal con el objeto de esclarecer las causas de los movimientos sísmicos que se estaban produciendo en la zona norte de la costa de la provincia en el entorno del almacén subterráneo de gas natural Castor. Tras las investigaciones realizadas, la Fiscalía de Castellón decidió denunciar a los responsables que tramitaron el proyecto por presunta prevaricación medioambiental.

Anulada la licencia de obras

Más problemas legales para Escal UGS. El juzgado contencioso-administrativo número 2 de Castellón anuló el acuerdo de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón) de 28 de diciembre de 2009 por el que se aprobó la licencia de obras otorgada a la empresa Escal UGS para la construcción de la planta de operaciones del proyecto Castor de almacenamiento gasista y un posterior decreto del alcalde del municipio.

El juzgado estima así parcialmente el recurso que interpuso Río Cenia SA contra dichos actos administrativos, que consideraba que los mismos infringen la normativa porque la planta de operaciones no tiene por objeto contribuir a la ordenación y desarrollo del medio rural y, en todo caso, no se compadece con las normas de directa aplicación en el suelo no urbanizable. Así se alega en el recurso que la administración demandada tramitó un procedimiento distinto al legalmente previsto para la aprobación del Estudio de Integración Paisajística y que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Vinaròs no era el órgano competente para aprobar dicho estudio.

Además, se indica que la anulación del acuerdo de aprobación del Estudio de Integración Paisajística lleva aparejada de forma directa la anulación de la licencia de edificación de la planta de operaciones, pues apunta que el Ayuntamiento otorgó a Escal UGS licencia municipal de obras para construir la planta en suelo rural sin que, previamente, la Generalitat hubiera emitido la preceptiva Declaración de Interés Comunitario.

El juzgado señala que no se aportó ninguna prueba por la parte demandada sobre la necesidad de emplazar la planta de operaciones de Castor en el suelo donde se ubicó con el fin de justificar la decisión adoptada, «pues las demandadas debían justificar la excepcionalidad de dicha decisión, las cuales no han probado la idoneidad de dicha elección, por lo que se entiende infringida la normativa que alega la demandante».

Además, considera que debe prevalecer la interpretación jurídica realizada por la demandante, en cuanto a que si hubiera sido lícito construir en suelo rural la planta de operaciones, los actos materiales de edificación deberían haber ido precedidos de la obtención de una Declaración de Interés Comunitario emitida por la Administración autonómica valenciana y de una licencia municipal de obras otorgada por el Ayuntamiento de Vinaròs, ya que el proyecto no reunía los requisitos para tener la consideración de red básica de transporte de gas natural.