Aquí y ahora
El discurso del presidente Rajoy, no dista mucho de sus intervenciones anteriores, sólo que su repetición y esquematicidad, presenta rasgos inequívocos de fatiga de materiales. Su argumentación simple, consistente en hacer una constante alusión al «deber» y a la defensa de su acción política como la «única posible», está orientada a promover planteamientos muy esféricos y cerrados, paternales, sin resquicios, que no permiten un espacio, ni siquiera para la matización.
Son discursos a la par que defensivos, jansenitas, casi calvinistas. Todo ello, en clara alusión a los recortes y gestión de los asuntos relativos a la economía española como el proceso de reordenación del sector financiero, de las cajas de ahorro, o la posibilidad y modalidades de los rescates que formulan desde las autoridades económicas y la Unión Europea.
En esa intervención, dentro de la sucesión de medidas esgrimidas por Rajoy, el presidente no incluyó el problema del déficit tarifario, que tantos ríos de tinta ha generado en los últimos meses a cuenta de las polémicas por las medidas orientadas a su absorción y contención. Y, por tanto, tampoco aludió a las controversias en torno a la forma de resolución conocidas del mismo, que han abocado a que la decisión acabe en su escritorio tras un nada indisimulado conflicto entre Industria, por un lado y la Oficina Económica del Presidente y el Ministerio de Hacienda, por otro.
Lo que parece claro es que seguramente no hay un único enfoque posible, pese a esa retórica unificadora del Presidente. Y, siempre cuando hay variedad o diversidad de enfoques, es posible que el resultado de los mismos sea hacerlo bien o hacerlo mal, o que produzca unas consecuencias u otras, o si en la formulación de la misma se cuenta con una visión global o no de sus efectos en la economía española, en la credibilidad de sus instituciones y mercados, de los sectores energéticos, de visión del suministro eléctrico y de los agentes económicos, en este caso, de las empresas y sus accionistas, así como de los mecanismos de financiación.
Además, por otra parte, han pasado ya varias revisiones tarifarias en el año y el problema del déficit tarifario como descompensación entre los costes del suministro eléctrico, de los precios y la tarifa, ha quedado virgen, es decir, sigue sin abordarse con medidas que atajen su crecimiento y que garanticen su absorción. De hecho, sigue la preocupación por la forma en que van aumentando su montante por diferentes vías que inciden en el crecimiento de los costes regulados incluidos en las tarifas de acceso, principalmente por la vía de entrada en funcionamiento de instalaciones con primas autorizadas. Déficit que además cada vez resulta más dificultoso de financiar.
El hecho, es que la reforma de la fiscalidad energética para abordar el déficit tarifario sigue estando de candente actualidad todo el mes de agosto, como se puede comprobar en los medios de comunicación. Y, sobre todo, a la luz de que el Ejecutivo ha dejado, continuando con la metáfora quirúrgica que empleábamos hace unos días, el paciente abierto en canal en el quirófano. El problema del déficit tarifario sigue, por tanto, en la mesa de operaciones, con el bisturí en manos de los galenos, los cirujanos alrededor y con posiciones encontradas de cómo abordar la intervención y qué órganos hay que extirpar, calibrando el estropicio final.
El Ejecutivo, por tanto, se ha ido estos quince-veinte días de vacaciones, sin resolver el problema del déficit tarifario, y a la vez, sin dar a conocer formalmente la hoja de ruta medianamente razonable y creíble. Se ha ido transparentando las fisuras muy importantes en el seno del Ejecutivo a cuenta de la primera fórmula conocida mediante el procedimiento de la filtración: impuesto a la generación en régimen general, impuestos especiales diferenciados a tecnologías hidráulica y nuclear, céntimo verde y reajuste de los componentes de las tarifas de acceso sin concretar. A la par, también se han evidenciado relaciones peligrosas pasadas y presentes, que contaminan fuertemente la solución propuesta inicialmente por el Ministerio de Hacienda y la Oficina Económica del Presidente (que curiosamente, ahora, en un ejercicio de prestidigitación, dicha solución es presentada en los medios de comunicación como procedente ¡del Ministerio de Industria!, desentendiéndose sus padrastros, dado que sus padres intelectuales son retroprogresivos).
Dicha solución, sometida a fuerte escrutinio y cuestionada por su enfoque ideológico y sus muy deficientes bases económico financieras de partida, suponía arrasar el mercado de generación y colocar al régimen general en pérdidas directas, con el fin de efectuar trasferencias de ingresos entre tecnologías por la vía intermedia de los instrumentos fiscales propuestos y con afectación a la seguridad de suministro, dado que habría instalaciones inviables.
Parece que las fuertes distorsiones y consecuencias de este modelo, conocidas, públicas y publicadas, ha dejado el paso a otra alternativa con impuesto homogéneo a la generación, revisión de la retribución renovable en orden a la búsqueda de rentabilidades razonables, céntimo verde, subastas de derechos de emisión, alargamiento del período de absorción del déficit, salida de los componentes indebidos del coste del suministro (es decir asunción en los Presupuestos Generales del Estado) y reajuste de los componentes de la tarifa con descenso de las tarifas de acceso.
Como expresa Jordi Dolader en el especial de energía del diario El Economista, las soluciones al problema del déficit tarifario son más globales, tienen que ver con el cumplimiento y garantía de unos principios que nunca deberían haberse abandonado (Elegibilidad, Aditividad, Suficiencia, Gradualidad, Reciprocidad, Separación de Actividades,….), que a su vez se ven enmarcados en la actual coyuntura, de demanda, consumo y capacidad de generación, modelo de tarifas y costes del suministro. Esta formulación, completamente razonable, en realidad, influye en muchos más elementos como la planificación energética, el funcionamiento del mercado o la conformación y credibilidad de los órganos reguladores independientes.
Dolader, en definitiva, reclama una política energética creíble y definida. Reclama modelo, mercado e instituciones independientes, para contar con un enfoque conjunto, económica y medioambientalmente sostenible para la actividad de suministro de energía eléctrica, además de resolver el problema acumulado, grave, gravísimo y genuino de nuestro país del déficit tarifario y los incentivos políticos a su engrosamiento. Por eso, aquí y ahora, es urgente e importante, abordar de una forma global el problema del déficit tarifario y la regulación por remiendos dirigida a generar jugosos subsidios y escabullirlos en las tarifas hasta que no se ha reventado y hecho imposible seguir con este comportamiento. Por eso Rajoy necesita otro discurso menos vertical y único.



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