Aprobadas veinte medidas de ahorro energético con una inversión de 1.151 millones de euros y una reducción del gasto de 2.300 millones al año

Entre estas 20 medidas se incluyen las aprobadas la pasada semana y que son continuación de las iniciativas adoptadas en 2008 (cuyo grado de cumplimiento fue del 92%), cuando también se produjo un fuerte encarecimiento del precio del crudo.

Toda esta serie de medidas actuales reducirán un 5% las importaciones de petróleo, lo que supondrá consumir 28,6 millones de barriles menos y una reducción de 12,5 millones de toneladas de emisiones de CO2 y tendrán unas inversiones asociadas de 1.151 millones de euros, que irán con cargo a la estrategia de ahorro y eficiencia energética, de cuya financiación se encargan en un 80% las compañías eléctricas, indicó Miguel Sebastián al término del Consejo de Ministros.

El titular de Industria indicó que la dependencia energética de España (del 75%, frente a la media de la Unión Europea, por debajo del 60%) se traduce en que cada año hay que importar unos 600 millones de barriles de crudo. Además, de mantenerse los precios del petróleo en los actuales niveles, el déficit para las arcas españolas rondaría los 46.000 millones de euros; unos recursos que «estamos transfiriendo a los países productores de petróleo, y que no podemos utilizar para invertir y crear empleo en España», dijo el titular de Industria.

Desde el año 2004 España ha reducido en un 14% su intensidad energética; sin embargo, dicha reducción «es aún insuficiente», ya que el consumo español está por encima de la media europea y, por lo tanto, aún «podemos hacer un esfuerzo» para disminuirlo.

Sebastián añadió, además, que a esta veintena de medidas se añadirá una campaña de concienciación ciudadana, formación y divulgación de la importancia de la eficiencia energética, cuyo coste será de seis millones de euros.

Medidas sobre el transporte, la edificación y el consumo eléctrico

El ministro de Industria señaló que las medidas están incluidas en «tres grandes grupos», que afectan al transporte y la movilidad, a la edificación e iluminación y, en tercer lugar, al consumo eléctrico y se aprueban por «responsabilidad» y «coherencia».

En cuanto a las relativas al transporte, Sebastián destacó la creación de una línea de financiación de proyectos incluidos en los Planes de Movilidad Urbana Sostenibles (PMUS) en las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes (como el fomento del transporte público, carriles de uso exclusivo del transporte público e intercambiadores de transporte). Su presupuesto será de 362 millones.

Un «plan renove» de neumáticos (por el que el Gobierno establecerá una línea de subvenciones de 20 euros por neumático hasta un máximo de 240.000 neumáticos, lo que supone un mínimo de 60.000 vehículos beneficiados y un presupuesto de algo menos de 5 millones de euros); la optimización del uso de los pasillos aéreos; y un plan de eficiencia para el transporte de mercancías son otras de las medidas previstas en este plan.

En el campo de la edificación, destaca la implementación de planes de sustitución de calderas y el establecimiento de una línea ICO específica para empresas de servicios energéticos (ESE), con el objetivo de facilitar el acceso al crédito de este tipo de empresas. El importe inicial destinado a la financiación sería de 600 millones de euros y su ejecución se realizará mediante un convenio de colaboración entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

En cuanto al alumbrado, se lanzarán 19 proyectos integrales (uno por cada comunidad y ciudad autónoma) para grandes ciudades a través del modelo de empresas de servicios energéticos.

Además, se renovarán las lámparas de vapor de sodio por tecnologías de alta eficiencia en los municipios con menos de 200 habitantes (unos 2.200 municipios) y se exigirá el cumplimiento de la normativa sobre alumbrado público eficiente para todos los municipios de más 25.000 habitantes (295 municipios) en un plazo máximo de cinco años.

El límite de velocidad a 100 Km/h se mantendrá hasta el 30 de junio

Asimismo, hay que recordar que la semana pasada se aprobó la reducción a 110 kilómetros por hora de la velocidad máxima en autopistas y autovías, que estará vigente al menos hasta el 30 de junio, según informó el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, explicó que en esa fecha el Ejecutivo analizará si las circunstancias permiten «volver a la normalidad» o si por el contrario es necesario prorrogar estas medidas.

El también ministro del Interior dejó claro que «cada acelerón le cuesta dinero al que lo hace y al conjunto del país». Por eso, «estas cosas hay que meterlas en la conciencia colectiva; tenemos que ser conscientes» de que es algo «irracional, cuando somos uno de los países más dependientes», al igual que lo es «dejarse encendida la luz de la oficina», dijo.

Sin embargo, destacó que esta disminución del tope de velocidad tendrá sin dudas efectos positivos en otros ámbitos, como la seguridad (ya que se reducirá el riesgo de accidentes y su gravedad) y el medio ambiente.

Apuntó, además, que aunque la infracción de este nuevo límite de velocidad no repercutirá en el carné por puntos, los radares «se ajustarán», para poder imponer correctamente las multas. En este sentido, Pérez Rubalcaba dejó claro que «por mucho que multáramos, lo que perdemos de impuestos» no va a verse compensado, sino que será tan solo «el chocolate del loro». «Lo último que hemos pensado» es que el fin de esta medida sea recaudatorio, dijo.

Según manifestó el ministro, «son medidas aceleradas, porque tenemos por delante unos meses complicados», debido al encarecimietno del crudo, consecuencia de la crisis política de los países del norte de África. Indicó, además, que esta no es una medida «original» del Gobierno, sino que es «de manual» y que, de hecho, fue adoptada en Estados Unidos en la crisis del petróleo de 1973.

«A veces hay que tomar medias, aunque sean impopulares. Con el litro de gasolina más caro de la historia, hay que ahorrar, porque nos estamos jugando la recuperación económica» y es importante que esta «no se ponga en cuestión», dijo. Se trata de medidas que buscan «no frenar la recuperación» de la economía española.

El ministro del Interior incidió también en que «nadie puede poner en duda que la factura energética española es elevadísima. No cabe duda de que hay de tomar medidas de ahorro energético», indicó.

Recordó, asimismo, que «el Partido Popular no hizo nada» por reducir la dependencia ni la intensidad energética en el tiempo en el que gobernó; aunque se han ido haciendo cosas desde 2006, «todavía queda mucho» por hacer, agregó.

Destacó además la importancia de que, por primera vez, «estamos teniendo un debate nacional sobre nuestra dependencia energética; no perderemos la ocasión de abordar este debate».

También, la semana pasada se acordó elevar desde el actual 5,8% hasta el 7% el porcentaje de biocarburantes en las mezclas de los combustibles de automoción (biodiésel y bioetanol) y la rebaja del 5% en los billetes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, cuyo coste está dispuesto a asumir el Gobierno en las ciudades de Madrid y Barcelona.

«Vamos a ver cómo se puede sufragar», explicó Pérez Rubalcaba, que insistió en que el Ejecutivo está «dispuesto a poner ese dinero». Por ello, se ha convocado a los responsables de ambas comunidades autónomas «porque es muy importante que estas medidas se lleven a la práctica».

Descartó, además, por no parecerle «buena idea», subir los precios de los combustibles para que baje el consumo, ya que de hacerse así también se encarecerían muchos productos, lo que provocaría un crecimiento de la inflación y un descenso del consumo. «No sería bueno para la economía», añadió.

«No detectamos problemas de suministro, pero hay que actuar con cautela»

Por otro lado, el Gobierno informó de que solo aplicará medidas de restricción de entrada de vehículos en grandes ciudades y de rebaja de velocidad en estos núcleos urbanos en caso de que se produzca un problema de suministro y se pase a los niveles 2 y 3 de riesgo contemplados por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), indicó por su parte Sebastián.

Asimismo, explicó que «el Gobierno ha establecido varios escenarios de riesgo» conforme a los criterios de la AIE, en el que existen cuatro niveles. «Estábamos en el nivel cero, y ahora tenemos el nivel uno activado por la inestabilidad del mercado y por los riesgos en algunos países», indicó el ministro.

«No detectamos problemas de suministro, pero hay que actuar con cautela», ya que el 12% de las importaciones españolas de crudo proceden de Libia y el 30% de las de gas de Argelia, al margen de la importancia estratégica del Canal de Suez.

«Esperamos no llegar al nivel dos, pero un Gobierno prudente y previsor tiene que tener en cuenta todos los escenarios», indicó Sebastián, después de señalar que la propia AIE indica que «esta no es una medida que se deba tomar en caso de que no haya problema de suministro».

En cuanto a un recorte en la velocidad dentro de las ciudades, señaló que el ahorro sería «pequeño e incluso no existiría», ya que el recorte en el consumo se produce en mayor medida en velocidades superiores, como ocurre al pasar de 120 a 110 kilómetros por hora.