APPA dice que la nueva regulación eólica adolece de «improvisación» y perjudica a la pequeña empresa

El presidente de la Sección Eólica de APPA, José Miguel Villarig, consideró en sus primeras impresiones del borrador que «una vez más» se intenta impulsar una norma en la que «prima la improvisación sobre la planificación sin tener en cuenta a las asociaciones del sector».

«No deberíamos cambiar de un modo tan brusco aquello que se ha demostrado que funciona. En todo caso deberían hacerse pequeñas modificaciones», afirmó Villarig, quien entendió que el posible exceso de capacidad instalada, antes que el objetivo del 20,8% de renovables, se convirtió en el motivo de la legislación.

En la práctica, aseguró, la aplicación de esta norma, en la que se limitan a 1.500 las horas al año con derecho prima y se fija en doce años el periodo de percepción de las mismas, «supondría una ralentización del sector».

Además, consideró que «la necesidad de disponer de acta de puesta en marcha para inscribirse en el registro de retribución puede hacer que la norma llegue a excluir del sector eólico a las pequeñas y medianas empresas, pues sólo aquellas entidades con gran capacidad financiera podrán reunir las condiciones necesarias».

La regulación, afirmó, «no es favorable para el sector en general», pero «será especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño». «Si esta regulación sale adelante, empresas solventes, serias y con gran experiencia en el sector quedarán fuera solo por no disponer de suficientes recursos financieros», advirtió.

Villarig también hizo notar otro aspecto negativo para el sector, el de «los costes no tenidos en cuenta». «Ejemplos de estos costes son los cada vez más fuertes requisitos técnicos y de conexión, que no han sido valorados en su justa medida», señaló.

El presidente de la sección eólica de APPA aludíó además a las cargas administrativas, «que lejos de reducir los costes suponen un importante aumento», o «las previsiones del operador de sistema de que en el futuro las restricciones técnicas de operación superarán el 6% de horas de funcionamiento, frente al 1% anual».

Otro «motivo de inseguridad jurídica» del borrador es que la nueva norma no determina «hasta muy avanzados los proyectos» cuál será la prima que se perciba. «Esto dificultará aún más la financiación de los proyectos, ya complicada por la situación de las entidades financieras», cuando «el primer interesado en reducir los costes es el propio sector eólico». «La regulación propuesta no va en el camino correcto», lamentó.

Planificación sin urgencia

APPA consideró que la urgencia en la tramitación de la norma «no debe echar por tierra el trabajo realizado» y reclama a Industria «una planificación a largo plazo». «Es posible que la falta de regulación durante algunos meses pueda suponer un parón, más grave para la industria nacional que para el resto de actores del sector eólico, pero la precipitación no es buena consejera«, aseguró.

«Si por hacer las cosas deprisa vamos a tener una legislación que tenga que ser modificada en el corto plazo, como ya ha pasado con otras tecnologías renovables, es preferible hacer las cosas con calma», añadió, antes de recordar que las renovables tienen una vida que se mide en décadas y deben estar exentas de «precipitación».

La asociación de renovables recordó que España es un «caso de éxito» en la energía eólica, que se convirtió en uno de los pilares fundamentales para que el país alcance los objetivos de participación de tecnologías verdes en el mix en 2020.

La eólica española tiene desarrollo industrial, es tecnológicamente madura, asumió un liderazgo internacional en un sector puntero y aporta ventajas cuando se realiza un análisis de costes y beneficios. señaló Villarig.