El director de APPA Biocarburantes, Manuel Bustos, destacó así que la noticia «positiva» que supone la aprobación por parte de la UE de aranceles contra el biodiésel procedente de Estados Unidos, que entró en vigor el pasado viernes, no se ve correspondida ante la falta de medios de la CNE para controlar el uso de biodiésel ya importado para cumplir la obligación de
biocarburantes.

Bustos indicó que el sector «llevaba mucho tiempo reclamando las medidas provisionales» adoptadas por Bruselas de gravar la exportación de biocarburantes de Estados Unidos, que contaban con una subvención en origen de 300 dólares por tonelada, y consideró que estos aranceles, en un abanico de entre 211,2 euros/tonelada en derechos de subvención y entre 23,6 euros/tonelada y 208,2 euros/tonelada en derechos ‘antidumping’, «están en unos niveles suficientes para disuadir su importancia».

Sin embargo, insistió en la necesidad de que la CNE controle que no se utilice el biodiésel ya importado de Estados Unidos para cumplir con la obligación de biocarburantes y «evitar así el fraude».

«Somos conscientes de que los servicios técnicos de la CNE están haciendo el máximo esfuerzo, pero a día de hoy la CNE no tiene los medios para este control, el Ministerio de Economía y Hacienda no ha autorizado la contratación del personal para ello, y lo más grave es que la CNE afirma que hasta octubre no habrá certificaciones de biocarburantes ni podrá tener estos controles operativos», destacó.

En concreto, en la Orden Ministerial reguladora de la obligación de biocarburantes, aprobada el pasado mes de octubre, se introdujo una disposición con el fin de evitar que el biodiésel procedente de Estados Unidos se pudiera utilizar para el cumplimiento, a partir del 1 de enero de 2009, de la obligación de biocarburantes en España. Esta orden designa a la CNE como entidad responsable de la gestión, supervisión y control de la obligación.

Así, Bustos repartió la responsabilidad respecto a la actual situación entre el Ministerio de Industria, que dilató en exceso la tramitación de la orden de obligación de biocarburantes; la CNE, que «no fue previsora», y los ministerios de Economía y Administraciones Públicas. «Es un cumulo de despropósitos y falta de previsión en el que están implicados diferentes órganos de administración», insistió.