Apocalypse Now

«El fin del mundo se anunciará con signos sobrecogedores». Apocalipsis de San JuanTodos los sectores, actividades y subsectores están profundamente enfrentados y perjudicados. Las amenazas de judicialización a nivel nacional e internacional no se andan por las ramas y no se han hecho esperar. Así, Abengoa demandará al Gobierno español, y dos fondos de inversión gigantescos, por su participación en España en tecnología solar fotovoltaica, han acudido a la corte internacional del CIADI (donde hace unos días estábamos con el caso de la expropiación por parte del Gobierno argentino de YPF a Repsol y, en la que, curiosamente, también intervino nuestro ministro de Industria, el inefable Soria).

Por otra parte, tras la retirada de la financiación al suministro ordenada desde Hacienda, la promesa de Cristóbal Montoro a las empresas de avales al déficit tarifario de cara a su titulización a cambio de retirar pleitos es un paliativo momentáneo (casi del mismo corte que la promesa de pago de los argentinos) y, además, parece que encalla pese al optimismo inicial.

A su vez, también el sector solar fotovoltaico explora la inquietante vía de la exposición del sistema financiero español a la burbuja fotovoltaica por los activos que está financiando. Solicita una reunión con el gobernador del Banco de España, Luis Linde (quien tampoco conoce esta exposición por las propias Entidades) y, finalmente, la reunión se aborta en el último momento. Algo huele a chamusquina y los ánimos se encienden. José Manuel Soria, para pacificar, afirma que las renovables querían ganar un 20% y que eso es la quiebra del sistema (en los procesos de reclamación internacional esos argumentos no son los que están en juego). Falta finura.

En realidades paralelas, el proyecto de Ley del Sector Eléctrico aprobado por el Congreso es travestido completamente en el Senado, donde ya sólo quedan tres artículos pendientes de mancillar de lo que aprobó el Congreso (ya no hay estabilidad regulatoria, ni siquiera en la fase de elaboración por los legisladores). Además, se atisban problemas a la vista para el Gobierno popular en la tramitación final en el Congreso de la Ley del Sector Eléctrico por la posible sedición de los diputados murcianos, una comunidad en la que la exposición solar fotovoltaica se combina con la exposición al ladrillo del pasado. No hay garantía de que la obediencia de voto, la disciplina de partido, el a pies juntillas de los populares funcione en este caso y hay coartada por parte de los propios parlamentarios debido a la propia transfiguración de la Ley, que no la conoce ni el Congreso que la parió.

Por otra parte, Soria aparece un día sí y otro también en los medios. Tras su estancia en Bruselas afirmando que ha recibido la «comprensión» de la Unión Europea con el problema del déficit tarifario, al día siguiente salimos advertidos por partida doble, tanto por el comisario de Energía, como porque este tema estaba incluido expresamente en el «Memorandum of Understanding» que ahora se quiere liquidar de forma sumaria evitando la letra pequeña. Lo que pasa es que el déficit tarifario tendría, al mismo tiempo, su importante impacto en el déficit público español. Es el dilema de la manta y de los pies en invierno.

A la vez, la primera subasta de electricidad para 2014 anuncia subidas en el coste de la energía por la evolución de las condiciones del mercado y, para mayor abundamiento, los costes regulados y primas siguen sin estar trasladados a la tarifa en su integridad y siguen creciendo. Nadal y Soria deambulan retóricamente entre «el Gobierno no va a permitir subidas del 12%» a anunciar una posible subida de la electricidad para curarse en salud. Los consumidores domésticos e industriales se ponen en pie de guerra, espoleados por todo el devenir reciente.

Recapitulemos entonces el estado de las cosas. Los prolegómenos del apocalipsis son signos sobrecogedores y turbadores. Probablemente, el actual Ejecutivo debería identificar todas estas señales terribles de que ya no es posible solucionar el problema por los métodos anteriores, dada la complejidad que ha alcanzado por una gestión desastrosa que ha complicado cada vez más las vías de solución. Debería saber leerlo y debería conocer que no es posible la simplificación.

El Ejecutivo debe comprender que la solución rápida y poco sofisticada al final se está convirtiendo en la más lenta, gravosa y perjudicial. Pero es que incluso la Ley inicialmente presentada y las medidas previstas en esta reforma son insuficientes para contener la entrada de costes regulados. Y el Ejecutivo lo sabe. Lo peor es que con todas estas acciones, puede agredir severamente al sector eléctrico, a los accionistas de las empresas, a los subsectores de generación, al sistema financiero nacional e internacional, a los consumidores, a la seguridad jurídica, a la inversión internacional y al riesgo país. O a todos ellos conjuntamente si se hace de manera especialmente chapucera.

Por tanto, sería más razonable, a estas alturas del campeonato y con este estado de cosas, retirar la Ley y la reforma presentada al completo, aunque el Gobierno pasase por ese oprobio; dejar el solipsismo y el perfil político pretendido de la solución, porque los saberes aplicados son incompletos e insuficientes. Luego se debería conocer la realidad económico-financiera con todas sus aristas, recomponer el diálogo con el sector eléctrico y con el resto de subsectores y gestionar, en serio y de forma confiable, muchos acuerdos y varias moratorias. Y, en ese contexto, proceder a definir una política y una fiscalidad energética y medioambiental consistentes, con coordinación en las distintas áreas del Gobierno.

Y para eso es necesario contar con un equipo y unos gestores con experiencia, perfil negociador y oficio; es decir, con responsables en el Ejecutivo que tengan capacidades y competencias para ello. Si no es así, seguiremos cada día percibiendo con más nitidez e insistencia los signos del apocalipsis.