AOP acepta «por solidaridad» más impuestos a los carburantes si no son para financiar las renovables

«En el momento en el que el Gobierno pide un esfuerzo enorme a todos los sectores de la sociedad para sanear las cuentas públicas, no seremos nosotros quienes alcemos la voz contra medidas de este tipo», afirmó Imaz, tras ser preguntado acerca de la subida del tipo general del IVA (el que grava los carburantes) del 18% al 21%, así como una reforma de la tributación medioambiental mediante nuevas fórmulas impositivas relacionadas con el principio de «quien contamina paga», según anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En este sentido, tanto el sector de las renovables como el de las eléctricas reclamaron, como parte de la reforma energética, que se suban los impuestos a los carburantes para financiar las tecnologías «verdes».

AOP tiene «obligación como sector de ser solidaria» con la intención del Gobierno de «equilibrar las cuentas públicas» para volver a la senda de crecimiento económico a medio plazo, por lo que «no tiene nada que objetar», pero «si se trata de trasladar recursos para asegurar retribuciones a otros sectores por su falta de competitividad y hacer que la economía productiva pague inversiones financieras, no nos gusta», advirtió y dando a entender que no se opone ni a la subida del IVA ni a la posible imposición del llamado «céntimo verde».

Imaz recordó que «hay pocos productos con tantos impuestos» como la gasolina y el gasóleo, y se mostró partidario de armonizar los distintos gravámenes autonómicos y de alguna medida para evitar que actividades «productivas» como el transporte público o de mercancías sufran los efectos de las subidas de IVA y otros impuestos sobre los carburantes.

Además, aseguró que al sector de los carburantes «nunca le ha preocupado el principio del que ‘el que contamina paga'», ya que «lleva haciendo muchos años importantes esfuerzos medioambientales» y paga impuestos suficientes para costear «varias veces» la captura de todo el CO2 que emite, a pesar de que se encuentra en una «caída de la demanda».

De cada 50 euros de repostaje, explicó, los automovilistas pagan el 49% en impuestos, casi 25 euros; el 40% a la materia prima; entre un 9% y un 10% a los costes comerciales, de logística, personal y almacenamiento; y el restante 1% o 2% sería el beneficio del operador. En un año, la subida del litro de gasolina fue de 5,3 céntimos, de los que 2,3 céntimos corresponden a impuestos, explicó AOP.

«Falta de rigor y errores» en el informe de la CNC sobre carburantes

Todas estas declaraciones se enmarcaron en la rueda de prensa que ofreció AOP para valorar el reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre el mercado de distribución de carburantes que advirtió de la falta de competitividad del sector en España y «demostrar» que adolece de un «cúmulo de errores», «ligereza» y «falta de rigor y calidad», además de perjudicar la imagen del sector al acusarlo de comportamientos anómalos.

Además, en sucesivos informes, la CNC señaló las barreras existentes en la entrada de nuevos operadores y la expansión de las estaciones de servicio, la lentitud a la hora de trasladar los descensos de las cotizaciones internacionales de los carburantes a los precios y la rapidez ante los incrementos, así como el aumento de los precios con respecto a la media europea.

Por su parte, Imaz afirmó que el informe «confunde a la opinión pública», se elaboró «sin escuchar al sector», «daña la reputación» de las estaciones de servicio y lanzó «teorías» como la de que los «cohetes y plumas», por lo que estimó que tiene «errores metodológicos graves» y supone una «falta de respeto» a los 65.000 trabajadores del sector.

El presidente de AOP señaló que el informe utiliza «fuentes no válidas ni comparables», ya que los boletines semanales de seguimiento de precios de la Comisión Europea utilizan «datos no homogéneos» entre países y, por tanto, no permiten realizar comparaciones entre ellos, puesto que «es muy cambiante».

A este respecto, Imaz apuntó que los precios en España «algunos meses están más baratos» que la media europea, y señaló que éstos varían en función de los descuentos aplicables en los distintos países europeos y que no siempre son recabados o incluidos en los datos finales.

De igual forma, aclaró que el precio final de los combustibles se corresponde en su mayor parte a los impuestos, seguido de los precios internacionales de los carburantes, a la materia prima, a la devaluación del euro respecto al dólar y a los costes comerciales, de logística, personal y de almacenamiento «obligatorio».

La CNC realizó además un «análisis repleto de errores», entre ellos el de correlacionar la menor concentración de gasolineras con mayores precios, o achacar «erróneamente» a algunas provincias su calidad de regiones más caras, aseguró Jon Imaz.

Además, «las conclusiones de Competencia no son correctas» y en algunos casos recogen afirmaciones que no encajan con los gráficos ofrecidos por el propio organismo en el informe, lamentó, antes de asegurar que AOP está dispuesta a colaborar con la Administración en lo que se le requiera.

Para dar fuerza a sus argumentos, AOP pidió a la consultora Boston Consulting que valore el informe de la CNC y concluyó que Competencia, al afirmar que los precios antes de impuestos y márgenes de negocio en España, extraídos por el boletín petrolero de la Unión Europea, son de los mayores de Europa, no usa datos homogéneos y lo hace a partir de muestras temporales incosistentes y con un «efecto limitado».

Boston Consulting también negó, en contra de lo que dice la CNC, que las subidas de precios en España hayan sido superiores a las de la Unión Europea o que haya una correlación entre la menor concentración de estaciones de servicio y los mayores precios.

Junto a esto, entendió que Competencia utilizó una metodología «incorrecta» tanto a la hora de denunciar una «rigidez» en la traslación de precios internacionales al surtidor como al detectar una «asimetría» en la velocidad de subidas y bajadas de precios.

Por estos motivos, el presidente de la patronal defendió que el «responsable y comprometido» sector petrolero cumple «escrupulosamente» con las normas de la competencia, aunque reconoció no poder negar la «evidencia» de una percepción general en la sociedad sobre que «los combustibles son caros» y apostó por mirar «hacia el futuro», al tiempo que se mostró a disposición del organismo y otras instituciones para elaborar un informe «con rigor».

«Somos los primeros interesados en que se conozca la verdad, en explicárselo a los consumidores y en que exista una comparativa homogénea», añadió.