Antimonopolios impone una multa de 50 millones de dólares a Pemex, que se defenderá ante los tribunales

La Comisión Federal de Competencia (CFC) indicó que esa práctica obliga a las gasolineras a «pagar un sobreprecio del orden de unos 77 millones de dólares (mil millones de pesos al año).

El organismo, que aprobó la multa con el voto de tres de los cinco comisionados, exigió a Petróleos Mexicanos «suprimir esta práctica en un plazo de 30 días hábiles».

«La eliminación de esta práctica monopólica relativa permitirá reducir por el mismo monto el subsidio a las gasolinas y el diesel, con un claro beneficio para los contribuyentes», destacó.

Del monto total de la multa, Pemex Refinación deberá pagar 651,6 millones de pesos por prácticas monopólicas relativas en el mercado de traslado de gasolina y diesel al por mayor en camiones operados por personal del sindicato petrolero.

La multa establecida «considera el tamaño del mercado afectado, el daño causado, la gravedad de la conducta y el hecho de que Pemex Refinación es reincidente en este tipo de prácticas«, destacó el organismo.

Además, Pemex tiene que pagar los 1,6 millones de pesos restantes «por coadyuvar en dichas prácticas».

Según el artículo 27 constitucional y a la ley reglamentaria correspondiente, Pemex Refinación es el único proveedor de gasolina y diesel al por mayor.

Sin embargo, la empresa «abusa del poder de mercado que le da esta exclusividad legal para obligar a las gasolineras a adquirir» el servicio de traslado de la gasolina y el diesel con la propia compañía una vez que el combustible ya pasó a ser de su propiedad, afirmó la CFC.

El propio contrato de venta de primera mano que Pemex Refinación celebra con todas las gasolineras «admite que el traslado está fuera de la exclusividad constitucional, al prever como opciones el traslado por terceros autorizados o por la propia estación de servicio, siempre que cumplan con las reglas de seguridad», explicó.

Pero Pemex Refinación «ha restringido progresivamente estas modalidades» de manera consistente con «una serie de convenios firmados con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana», apuntó.

Así, añadió, las gasolineras pierden la opción de contratar con quien más les convenga el servicio de traslado de combustible del lugar donde lo adquirieron al punto de venta al público, y están obligadas a contratarlo con Pemex sin importar las condiciones de precio y calidad.

«Esta venta atada constituye una práctica monopólica relativa» y supone un precio por el servicio de entre 50% y 67% superior al que ofrecen otras empresas autorizadas por Pemex que cumplen con los estándares de seguridad y ambientales aplicables, resaltó CFE.

Los dos comisionados que votaron en contra de la multa consideran que el transporte y distribución de gasolina y diesel «son actividades estratégicas que forman parte de la industria petrolera, por lo cual deben llevarse a cabo por conducto de Pemex y sus organismos subsidiarios».

En su opinión, los hechos denunciados están fuera del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica y el organismo antimonopolios no está facultado para interpretar las normas en materia energética.

Por su parte, la empresa estatal Petróleos Mexicanos respondió al órgano antimonopolios de México que no está facultado para imponerle multas y anunció que recurrirá a todos los medios legales para que «prevalezca el orden jurídico».

La petrolera afirmó que el transporte de gasolina y diesel forma parte «de las obligaciones constitucionales de distribución comercial por parte de Pemex Refinación a través de las estaciones de servicio».

Argumentó que en su fallo, la CFC «soslaya los más elementales postulados de derecho que se establecen» en el marco legal vigente», al atribuirse «una competencia que no le es propia» y que la «Constitución encomienda en forma exclusiva al Estado, a través de Pemex», afirmó.

La distribución y entrega de combustibles a las estaciones de «servicio no constituyen un monopolio» y su regulación corresponde a la Secretaría de Energía con la participación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, destacó.

Señaló que «las pruebas y los razonamientos de derecho que fueron presentados oportunamente por Petróleos Mexicanos evidencian la legalidad de los actos que se realizan en la distribución y entrega de combustibles a las estaciones de servicio».

Sin embargo, el órgano antimonopolios «desconoció los elementos y argumentos aportados, notificando una resolución que, de admitirse, supondría graves perjuicios a Petróleos Mexicanos y a sus trabajadores», indicó.

Por ello, Pemex advirtió que «hará valer todos los medios legales de defensa que tenga a su alcance, a fin de que prevalezca el orden jurídico y el respeto al Estado de Derecho».