Ante la reforma Soria

La proximidad a la revisión tarifaria del tercer trimestre, las noticias que señalan a que se sigue desbocando el déficit tarifario conforme a las previsiones legales vigentes para este año y la confirmación de que las medidas hasta ahora implantadas (principalmente, el hecho de la parada en los registros de preasignación -la denominada moratoria renovable-, junto a la rebaja de la retribución a la distribución) empezarán a dar resultados a largo plazo y abocan a que la reforma sea mucho más quirúrgica de lo previsto inicialmente.

Si a ello unimos el proceso de transformación de la deuda privada en deuda pública que se está produciendo por distintas vías en el sector financiero español y que el déficit tarifario eléctrico ha pasado a formar parte de esta necesidad y de ese formato de financiación, alcanzando los 24.000 millones de euros, la situación ha entrado en una posición de alarma que requería un peso político importante en las actuaciones para la resolución del problema.

En lo que es el devenir del Ejecutivo, abordar la solución al problema del déficit tarifario llega en un momento delicado dada la tormenta perfecta actual en mercados financieros e instituciones internacionales, pese al alivio del resultado de las elecciones griegas, algo que había desviado enormemente la atención de las autoridades económicas del Ejecutivo sobre el problema del déficit de tarifa. Además, dado que Industria en estos primeros meses del año se había instalado en el «minué», la reforma está teniendo que ser pilotada desde las áreas económicas del gobierno, principalmente, desde el Ministerio de Hacienda, pese a que en un principio, en el Real Decreto Ley 1/2012 y en los Presupuestos Generales del Estado 2012, este departamento se estrenó con la reversión de los costes extra peninsulares a la tarifa eléctrica.

Hacienda ha percibido finalmente las dimensiones del problema y cómo está concernida como centro de la posible instrumentación de la solución. Irónicamente, en los medios de comunicación se habla de la Reforma Soria, pero en realidad, casi es la Reforma Montoro. La gravedad del problema y el comportamiento de Industria y la Secretaría de Estado de Energía, han conducido a que se tomen cartas en el asunto por esta vía. Por otra parte, la realidad obliga a subsanar el hecho de que la tarifa soporta en su concepción política costes que van más allá del suministro eléctrico: ambientales (primas a renovables, planes de eficiencia…), sociales (apoyo al carbón nacional), económico-políticos (financiación del propio déficit tarifario por decisiones de política económica), territoriales (costes extra peninsulares, sobre todo tras esta última reforma…).

Por ello, en primera instancia, la reforma, desde el punto de vista cuantitativo, pivota fundamentalmente sobre la imposición y sobre mecanismos de corte tributario asociados a la responsabilidad medioambiental, que incluyen la corresponsabilidad de los distintos sectores energéticos: el primero, el denominado céntimo verde (cuestión que, evidentemente, preocupa enormemente al sector de hidrocarburos, máxime con la caída de ventas de carburantes que se está produciendo asociada a los rigores de la crisis, algo que los técnicos de Hacienda también calibran para cuadrar los números); el segundo, una tasa de imposición a la generación; el tercero, que el destino de la recaudación de subastas de los derechos de emisión se aplique a esta finalidad. En síntesis, estos son los mecanismos principales conocidos en la reforma en lo cuantitativo, aunque la reforma podría ser de mayor alcance, tramitarse como un Proyecto de Ley e incorporar más medidas que refinen otros costes actuales incorporados en el suministro. Todo ello, «ceteris paribus» las estimaciones de demanda y consumo energético.

Problemas en esta solución. El primero son las presiones para que los subsectores energéticos puedan entonar (y conseguir) un «señor, aparta de mí este cáliz», sobre todo los más beneficiados por el mecanismo retributivo actual de primas, descontrolado por los últimos ejecutivos. Ahí están los empeñados en plantear el problema en términos de «federales» contra «confederados». Defienden y presentan el problema meramente como un conflicto dialéctico entre intereses empresariales contrapuestos, hurtando un problema básico, económico y de mercado: ¿cuál es el modelo de suministro eléctrico y sus características en lo económico, financiero, de planificación energética, de mercado y de tarifa, que como «sociedad» nos queremos dotar, sin caer en buenismos simplificadores?

Por su parte, el Gobierno, que está sufriendo el acoso de los mercados financieros, ese cierto desmembramiento y las consecuencias de los errores propios, tiene que hilar fino para conseguir una solución que no desestabilice la confianza en las empresas españolas (quizá el activo más importante de nuestra economía) y de los mercados financieros muy atentos y con información perfecta. Por tanto se requiere una solución razonable, consciente de las implicaciones globales para la economía, para el coste del suministro, incluso para la competitividad de las empresas españolas. El Gobierno ya le ha visto más que las orejas al lobo.

A su vez, los mercados financieros, siguen atentamente los pasos del Gobierno en esta reforma en la medida en que puede afectar al sector eléctrico y a sus empresas, a sus ingresos, a sus cuentas de resultados, a su estructura de financiación y a sus balances. Por ejemplo, «El Confidencial» ayer revelaba las tensiones existentes alrededor de las empresas eléctricas españolas en los mercados financieros en lo que se refiere a sus calificaciones y ratings. Y ayer se producía un fuerte seísmo en las bolsas en estas compañías, propulsado por la rebaja de calificaciones de Moody’s a las eléctricas. El secretismo de la operación y la ausencia de un relato claro, gestor, económico, solvente desde el Ejecutivo respecto de la resolución del déficit tarifario, tampoco está beneficiando, desde una perspectiva más global y de solvencia en nuestra economía, a proporcionar confianza a los mercados. Probablemente, el Ejecutivo debe tomar nota de que necesita esta pericia.

En tiempos de globalización, el relativismo político de la venta ideológica electoral a efectos de opinión pública de las soluciones gestoras y económicas no sirve, siendo realmente una herencia de la defectuosa adaptación de las pautas de comunicación política en nuestro país. Uno de los problemas es, por tanto, la presentación política, que temporalmente se va a unir irremediablemente a la subida de impuestos, tasas y del IVA. Por eso, el Gobierno, ahora que está en la frontera de presentar su propuesta, debe trabajar con cuidado, con una visión más amplia, económica y global, dado que sus mensajes y sus hechos han de dirigirse más que a ese concepto maleable que es la «opinión pública», para comprender las exigencias de los mercados financieros y de las instituciones internacionales y su credibilidad.

En la actualidad, cada paso que se dé en lo económico en general, y en lo sectorial particularmente en el caso del déficit tarifario eléctrico, probablemente, es un punto crítico que debe resolverse sin cometer errores. Por tanto, las soluciones fáciles, improvisadas e ideológicas a problemas complejos deben estar descartadas. Ahora toca la precisión.