ANPIER solicita al Gobierno «cautela e independencia» ante la inminente reforma energética

ANPIER señaló que la fiscalidad que se establezca sentará las bases del desarrollo energético de España, y consideró que «penalizar a la nuclear e incentivar las renovables sería la opción responsable».

Los productores de renovables aseguraron que, ante la previsible tasa a la generación de electricidad que incluiría la reforma energética, sería «abiertamente inconstitucional» la imposición de una tasa a la producción de energía fotovoltaica.

A su juicio, de establecerse algún tipo de fiscalidad a la generación, debería aplicarse según «criterios de seguridad y sostenibilidad, y dirigirse exclusivamente contra la generación nuclear, al ser peligrosa para la sociedad y el medio ambiente».

El presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, consideró además que, «en esta trascendental coyuntura, los intereses cortoplacistas de tres empresas no deben condicionar el futuro modelo energético español» y que «los españoles tienen memoria y recuerdan que el déficit tarifario comenzó en el año 2.000, mucho antes de que se establecieran primas para fomentar el desarrollo de energías renovables«.

En este sentido, apuntó que el régimen primado a la energía fotovoltaica «lo hay en todos los países de Europa; sin embargo, el déficit de tarifa sólo lo soportan los españoles, lo cual evidencia dónde se puede encontrar su origen», y defendió que los productores de energía fotovoltaica, «que ya soportan un recorte medio retroactivo del 30%, no deben ser castigados con una nueva carga».

Los españoles, dice ANPIER, también recuerdan que «varios exministros y expresidentes del Gobierno están ahora integrados en las estructuras de las grandes empresas del sector».

Asimismo, ANPIER solicitó a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y al Ministerio de la Presidencia que informen a los españoles sobre cuáles son las «verdaderas causas» del déficit de tarifa.

Finalmente, la patronal de las renovables recordó que promueve una iniciativa legislativa popular para favorecer la implantación en España de un modelo energético «seguro, sostenible y transparente», basado en las energías renovables.