Entre los casos recogidos por la asociación figuran el de Ángel Miralda Ferré, barcelonés de 65 años, que dedicó el dinero de su prejubilación e hipotecó su casa para poder disponer de una renta, y que ahora se encuentra en precario, con parte de su jubilación comprometida en el pago de la instalación fotovoltaica y en riesgo de perder su vivienda.

También aludió a la situación de Juan José Palau Gramaje, valenciano de 38 años, que hipotecó su vivienda, o el del zamorano Juan Manuel Valvuena, de 47 años, que decidió cambiar de actividad y vendió su bar para generar energía solar, y que «ahora está al borde de la ruina y sin perspectivas».

«Estas tres historias son sólo una muestra de las miles de pequeñas tragedias que se encuentran detrás de cada pequeña planta fotovoltaica», señaló la asociación, que cifró en 55.000 los pequeños productores afectados por los recortes.

El colectivo, aseguró, ha sufrido una merma del 40% en unos ingresos garantizados por el Estado, por lo que «se encuentran en una situación de quiebra económica y desesperación personal».

Estas «miles de realidades anónimas», dijo Anpier, «contrastan con los cifras de beneficios que año tras año exhiben las eléctricas españolas, y que no han cesado ni siquiera en los años de la más profunda de las recesiones mundiales conocidas».