Anpier logra un compromiso de ayuda de la Unión Europea tras denunciar el «hostigamiento» al sector de la fotovoltaica en España

La asociación indicó que su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca fue recibido tanto por la portavoz de la Dirección General de Energía de la Unión Europea, Tatiana Márquez Uriarte, como por la secretaria general del CEER, Natalie McCoy. A ambas reuniones de trabajo asistieron también el responsable de Relaciones Internacionales de Anpier, Pere Guerra, y dos técnicos de la Dirección General de Energía de la Comisión.

Martínez-Aroca trasladó a las autoridades comunitarias su «preocupación» por la situación que atraviesan los productores de energía fotovoltaica en España, sometidos a «drásticos cambios normativos, que han sido introducidos con carácter retroactivo y que suponen la merma de un 30% en sus facturaciones».

Este recorte, unido a la nueva carga fiscal del 7% para la producción de energía, «supondrá la quiebra de cerca del 80% de pequeñas plantas fotovoltaicas en España», afirmó la asociación.

Por su parte, Márquez reconoció la «inoportunidad de los cambios regulatorios retroactivos soportados por los productores españoles» y adelantó que el Gobierno español «recibirá en breve unas recomendaciones de la Unión Europa a este respecto».

Anpier expresó además su preocupación por «los graves problemas de tesorería que atraviesan las plantas españolas, que acumulan fuertes deudas con la banca y no han contado con nuevas líneas de financiación, ni siquiera con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial».

Sobre este aspecto, la portavoz comunitaria trasladó al presidente de Anpier la posibilidad de que el Fondo Europeo de Inversión se active en 2014 para tratar de auxiliar a estos productores españoles.

La Comisión también constató la disparidad de criterios a los que se exponen los diferentes productores de la Unión Europea, en referencia a las diferentes sentencias emitidas en España y Reino Unido sobre las normas retroactivas aplicadas a renovables.

Mientras el Tribunal Supremo español consideró legales algunas de ellas, la Alta Corte Británica no concedió legitimidad a las modificaciones de carácter retroactivo.

Por su parte, la secretaria general del CEER aseguró a la asociación que «desconocía la gravedad de la situación del colectivo» y que «solicitará por escrito un informe» a la Comisión Nacional de Energía (CNE) «con el objetivo de clarificar esta situación y poder trasladar al Parlamento Europeo esta realidad».