Anpier dice que el nuevo impuesto del 6% deja «fuera de rentabilidad» a las instalaciones fotovoltaica

La pérdida de rentabilidad «razonable» en el sector se debe al nuevo impuesto de 6% a la venta de electricidad, que elevará la carga fiscal de los productores de energía solar fotovoltaica hasta el 36% de la facturación.

Por este motivo, Anpier espera que, a lo largo de la tramitación de este anteproyecto, se pueda moderar este nuevo gravamen, y que las nuevas medidas de carácter regulatorio que prepara el Gobierno contemplen la derogación inmediata de los dos reales decretos que «lastran» al sector fotovoltaico (RD 1565/2010 y RDL 14/2010).

Hace un año, recuerda, el Partido Popular se mostró absolutamente contrario a estos decretos por el grave perjuicio que ocasionaban a los productores de renovables y a la credibilidad de España, por lo que Anpier espera que el Gobierno siga manteniendo «estas convicciones» y derogue «las normas retroactivas que están ahogando al sector».

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, solicita además «transparencia y diálogo sectorial para alcanzar unas reformas justas para el sector y para la sociedad».

La Fundación Renovables ve un «parche regulatorio» en los nuevos impuestos eléctricos

El presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, considera que las medidas aprobadas por el Gobierno este viernes en el Consejo de Ministros para contener el déficit de tarifa son «un parche regulatorio» destinado a «recaudar impuestos» que no solucionará los problemas del sector.

En declaraciones, García Breva consideró que las medidas de este viernes «no pueden considerarse la segunda fase de una reforma, sino solo medidas recaudatorias en el sector eléctrico sin tocar otros usos energéticos como el transporte».

Las medidas «van a generar ingresos para el sistema, pero dentro de seis meses nos encontraremos con los mismos problemas de subidas de la luz y déficit de tarifa», lamentó el presidente de la Fundación Renovables.

En todo caso, García Breva consideró que el sector de las renovables se siente «más tranquilo» al comprobar que los impuestos a la venta de electricidad inicialmente contemplados, de entre el 11% y el 19% para las tecnologías ‘verdes’, se situarán en el 6%, el mismo porcentaje que las tecnologías del régimen ordinario.

Aun así, advirtió de que el sector de las renovables sigue sufriendo los efectos de la moratoria a la instalación de nuevas plantas, así como «incertidumbre regulatoria» acerca del funcionamiento de los nuevos proyectos y de los futuros.

García Breva advirtió además de que las grandes compañías del régimen ordinario, que son las que se encargan del sumistro a tarifa, podrían repercutir los nuevos impuestos sobre el consumidor final, lo que en ningún caso pueden hacer los productores de renovables.

Junto a esto, consideró que el Ejecutivo tendrá que plantearse el próximo año la necesidad de «atacar el problema a fondo», lo que pasa por revisar la formación de los precios en el ‘pool’, el carácter «inflacionista» de las subastas eléctricas, las ayudas al carbón o los pagos por capacidad a las centrales de gas.

La plataforma Ecooo dice que las eléctricas mantendrán sus beneficios pese a la reforma

La plataforma para el fomento de la energía fotovoltaica Ecooo considera que la reforma energética que ha aprobado el Gobierno mantendrá «los beneficios a las grandes eléctricas», ya que podrán repercutir al consumidor las medidas.

Ecooo considera en una nota que «una reforma equitativa sería la que repercutiera sobre los beneficios de las grandes eléctricas y no sobre sus ingresos», y advierte de que, al poder repercutir los nuevos gravámenes sobre el precio final, las ganancias de las eléctricas «no se verán alteradas».

Esta circunstancia contrasta con la situación de las renovables, que «sí verán mermados el beneficio, dado que tienen un techo de precio máximo ya fijado».

«Cualquier impuesto que se aplique a las energías convencionales lo acabará pagando el consumidor» y «Unesa podrá repercutir incluso los impuestos sobre nuclear o hidráulica a través de un mayor cobro en el mercado eléctrico», asegura Ecooo.

La plataforma reclama «una auténtica y profunda auditoría del sistema eléctrico como base para aprobar leyes que beneficien a la sociedad en su conjunto y no a las empresas poderosas de este país».

El Gobierno ha anunciado que se va a sacar de la tarifa de último recurso a los consumidores que tengan una potencia contratada superior a los 5 kW, que se verán obligados a acudir al mercado liberalizado.

Esa próxima medida, indica Ecooo, apunta a que a las compañías eléctricas se les compensará por el impuesto que ahora se les aplica mediante un cobro superior a los consumidores.