Anpier denuncia que la regulación «cambiante y caprichosa» del sector renovable ha arruinado a 62.000 familias fotovoltaicas

Los productores fotovoltaicos «no han cometido ningún error», aunque han «perdido sus inversiones por decreto», por lo que reclamaron que se les devuelva «lo que les corresponde», apuntó Martínez-Aroca en la presentación del libro «Riesgo regulatorio en las energías renovables«, publicado por Thomson Reuters Aranzadi.

En opinión de Juan Castro-Gil, secretario y letrado de Anpier, la situación de «carrusel normativo» a la que están expuestos los productores fotovoltaicos, que son en su mayoría ciudadanos del común sin relación con el sector energético, es «injusta y de dudosa moralidad».

El economista y autor del prólogo, Ramón Tamames, apuntó en la presentación que existen nueve casos interpuestos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de «entidades no españolas que están en contra de la actitud del Gobierno español» en esta materia. En su opinión, el marco regulatorio actual da lugar a un sistema «que cambia la retribución a un porcentaje que aún tiene muchos problemas para calcularse».

Además, explicó que el problema de las familias fotovoltaicas afecta a toda la sociedad, ya que se llevó a cabo «una política en contra del Estado de Derecho y de la conservación de la biosfera» y recordó que el próximo 31 de marzo todos los países firmantes de la Cumbre del Clima de Lima deben presentar sus compromisos en materia de energías alternativas.

Por su parte, Javier Moscoso del Prado, presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters Aranzadi, señaló que «es preciso solucionar este problema jurídica y políticamente ya». Según aseguró, «no se está respetando el Estado de Derecho», sino que «se han dado pasos hacia la inseguridad jurídica y defraudado las expectativas» de los productores.

En la presentación de la obra también estuvo presente el catedrático de Derecho Administrativo Luciano Parejo, que presentó la convocatoria del I Concurso Anpier sobre el Riesgo Regulatorio, dirigido a jóvenes investigadores de Derecho y Economía y dotado con 4.000 euros en premios.