Anpier acusa al Partido Popular de querer «censurar» ante la Junta Electoral sus carteles publicitarios

El pasado 7 de mayo la asociación fotovoltaica publicó en prensa un cartel publicitario en el que podía leerse el lema «No sabíamos que nuestro voto se convertiría en un arma contra nosotros», en el que una mano depositaba una papeleta del PP cubierta en llamas en una urna en cuyo interior aparecen plantas fotovoltaicas también incendiadas. Para Anpier, este cartel es una «metáfora visual del comportamiento del Partido del Gobierno frente a la inseguridad jurídica que soportan los productores españoles de energía solar fotovoltaica», en la que a su juicio ha ahondado el PP pese a sus promesas electorales.

El PP, según el relato de la asociación, presentó ese mismo día un escrito de denuncia en el que aseguraba que dicha inserción estaba «animando a los electores de las próximas elecciones al Parlamento Europeo a no votar al Partido Popular» y que Anpier, al no presentarse a las elecciones europeas, «no puede realizar campaña electoral en ningún sentido.» En menos de 24 horas, la Junta Electoral Central notificó a Anpier que debía cesar «la publicación de anuncios como el denunciado» hasta que este órgano procediera al examen «del asunto», puesto que podrían resultar «contrarios a la Ley Orgánica 5/1985».

En su resolución final, que se emitió el 20 de mayo, la Junta Electoral concluyó que «no se dan los supuestos del artículo 50.5 y por lo tanto procede a archivar la denuncia«. Este artículo 50.5 de la Ley Orgánica 5/1985 expresa que ninguna persona jurídica distinta de las fuerzas políticas que concurren a unos comicios podrá realizar campaña electoral a partir de la convocatoria de las elecciones, entendiendo por campaña electoral «el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios».

Anpier dice que la denuncia hizo que tuviera que suspender todas sus acciones de comunicación, así como todos los actos públicos previstos, entre ellos unas jornadas previstas en Cartagena, Lorca, Granada y Málaga. Según dice, el motivo es que «resultaba comprometida su libertad de expresión por la denuncia del PP».