Andalucía recurre la ley del sector eléctrico y el «decreto Omnibus»

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, indicó, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la Junta ha tenido que adoptar esta decisión «apurando» el plazo legal máximo permitido y tras haber «agotado» todas las vías de diálogo con el Ejecutivo central.

«Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión ante la cerrazón del Gobierno y en defensa de los intereses de Andalucía», subrayó el portavoz al anunciar estos recursos, que suman ya un total de catorce en esta legislatura.

El primero de los recursos afecta a cinco artículos y la disposición final de la Ley del Sector Eléctrico, al considerar que vulneran las competencias autonómicas sobre energía en lo relativo al autoconsumo, poniendo «en riesgo» este elemento «clave» de la política de fomento de las energías renovables y «limitando las posibilidades» de un sector que en Andalucía cuenta con 1.400 empresas y casi 45.000 empleos.

La norma estatal introduce unas condiciones técnico-económicas que, a juicio de la Junta y a la espera del posterior desarrollo reglamentario, anticipan ya un «peaje» que gravará la electricidad autoconsumida.

Tras subrayar que en ninguna regulación internacional sobre esta materia existe una tasa parecida, el portavoz criticó que se cambien «las reglas del juego», pues ello «lastra» el desarrollo de las energías renovables y contribuye a «agravar» el continuo encarecimiento del precio de la electricidad.

Además de la supuesta vulneración de competencias autonómicas, llamó la atención sobre la falta de «consenso» con las comunidades autónomas, empresas y consumidores.

La Agencia Andaluza de la Energía calculó en unos 328 millones de euros anuales las pérdidas que provocan en la comunidad las nuevas regulaciones estatales y los cambios en el sistema de retribución, debido a la reducción del 11% en los ingresos de las plantas de producción con energías renovables, cogeneración y residuos.

Dicho impacto «pone en riesgo» la viabilidad de estas instalaciones, que dan empleo directo a 3.800 personas en la comunidad autónoma, y que dejó en el aire 950 proyectos con casi 12.000 millones de euros de inversión en nuevas instalaciones.

Por otra parte, la Junta impugnará cinco disposiciones del decreto de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, al considerar que dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios comerciales, además de suponer un perjuicio para las pymes del sector en Andalucía.