Andalucía recurre el decreto sobre estabilidad del sistema eléctrico

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, alegó que los cambios fiscales y tarifarios introducidos por el Gobierno en los últimos años, así como la suspensión de primas desde 2011, «han dejado en el aire casi 12.000 millones de inversión en nuevas instalaciones en Andalucía, que podrían generar más de 38.000 empleos directos».

El recurso afecta a las disposiciones transitoria tercera y final segunda del Real Decreto Ley, que modifican el marco jurídico hasta ahora vigente remitiendo la regulación concreta a una normativa posterior y dejando en indefinición la retribución a percibir por los actuales productores.

Además del principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución, el Gobierno andaluz también señaló que estas disposiciones vulneran el artículo 86.1, que establece las condiciones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican el recurso al Real Decreto Ley.

Asimismo, la Junta denunció que la norma estatal carece del consenso con comunidades autónomas, empresas y consumidores; cambia las reglas del juego e impide tener un marco regulatorio estable y transparente para las inversiones, generando así una incertidumbre que puede afectar a proyectos ya están en desarrollo.

Todo ello, según el portavoz, «pone en riesgo el liderazgo andaluz en renovables, abre perspectivas de menor producción con fuentes limpias y agrava el continuo encarecimiento del precio de la electricidad que en los últimos años lastra las economías domésticas y empresariales».

La Junta propuso establecer un régimen transitorio compensatorio hasta 2020 para aminorar los efectos negativos del nuevo régimen retributivo y asegurar los compromisos adoptados por España con la Unión Europea respecto al desarrollo de las energías renovables.

Sin embargo, Vázquez recordó que la decisión del Gobierno andaluz de presentar el recurso se produce tras un «infructuoso» proceso de diálogo con el Ejecutivo en el seno de la comisión bilateral de cooperación.