Amnistía para la triple A (y para Red Eléctrica de España)

La polémica de los Presupuestos Generales del Estado ha estado traída de la mano de la amnistía fiscal que el Gobierno ha incorporado en el proyecto que aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Irónicamente, se trata del mismo Consejo de Ministros que aprueba la revisión tarifaria del segundo trimestre (con un incremento del 7%). Dicha subida se ha visto acompañada de un conjunto de recortes de los costes regulados, para evitar el descarrile del déficit tarifario. Como decía Manuel Azcárate, editorialista fallecido del diario El País, gobernar es elegir damnificados, y aquí el ejecutivo ha elegido los damnificados en los proveedores del suministro y ha amnistiado a los responsables de su encarecimiento. Vamos, como en la amnistía fiscal, tan polémica y también propulsada por el Gobierno.

Dichas medidas se sustanciaron en el Real Decreto Ley 13/2012, del 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista que publicaba el BOE el pasado sábado.

Haciendo un resumen de las medidas y por orden decreciente de impacto en la reducción de los costes regulados, estas son: fuerte recorte a la retribución de la actividad de distribución (la más cercana a los ciudadanos en cuanto a la percepción de la calidad de suministro eléctrico), detracción de saldos disponibles en el balance del IDAE, aplazamiento de un año en la retribución de las inversiones de transporte, reducción de los pagos por capacidad (o, más clásicamente denominados, garantía de potencia), reducción de los pagos por interrumpibilidad a grandes empresas, reducción de los pagos por resolución de restricciones de garantía de suministro (subvenciones para la generación por carbón nacional, vía cantidades), reducción de la retribución de la Comisión Nacional de Energía (en 60 millones de euros) y financiación del operador de sistema mediante pago del operador de transporte, es decir, Red Eléctrica de España pagará a REE los 20 millones de euros que antes iban a tarifa. Además, como no podía ser de otra manera, casi se prohíben las nuevas inversiones en activos regulados.

Pero, quizá lo más relevante, tras una prosodia de comunicación política excesivamente esquemática, de manual y naif, es que tras afirmar «que los costes del ajuste se distribuyen equitativamente», las grandes responsables del crecimiento de los costes regulados, las primas a las renovables y el transporte han salido indemnes del ajuste. Como decían los medios de comunicación este fin de semana, «la triple A»,»Acciona, Abengoa y ACS se ven liberados de contribuir a la reducción de los costes regulados que se integran en los costes del suministro en forma de tarifas de acceso. Y también Red Eléctrica de España es beneficiaria relativa de esta amnistía de reducción de costes regulados selectiva ejecutada por el Gobierno. Claramente, el Gobierno hace su particular «amnistía» a las principales empresas perceptoras de estas subvenciones a la generación renovable, así como al operador de transporte y sistema.

Dichas medidas casi habían sido anticipadas en días pasados. Una semana antes ya se conocía con bastante aproximación el impacto en la reducción de la retribución a la distribución algo que, evidentemente, no hará ninguna gracia a las Comunidades Autónomas, conscientes de la repercusión del problema. El hecho de dicha preparación evidencia que se trataba de una operación política de más calado.

Conclusiones

– El diseño de este paquete de medidas proviene del Palacio de la Moncloa, concretamente de la Oficina Económica del Presidente. Soria todavía no tiene autonomía regulatoria en el sector energético e Industria se convierte en el brazo ejecutor de la política energético-económica de Álvaro Nadal, inconsciente de sus efectos.

– Sólo hay una noticia positiva que es el incremento de la tarifa. Lo «equitativo» del recorte es una figura retórica, expresada sin ninguna convicción por Soria y la vicepresidenta y evidencia quién está ganando el juego de presiones al gobierno de Rajoy.

– El diagnóstico del origen del crecimiento de los costes regulados no sirve para que este gobierno afronte sus soluciones.

– El Gobierno prefiere perjudicar el suministro a los ciudadanos que abordar los costes que han generado los procesos especulativos alrededor de la generación renovable. Los costes políticos en las Comunidades Autónomas están por llegar.

– El ejecutivo vuelve a caer en el modelo Zapatero, esto es, ayudar a las constructoras metidas en el sector energético, con esta amnistía en la reducción de costes regulados de la que son beneficiarios, mientras se ampara en la demagogia antiempresarial contra el sector eléctrico.

– El Gobierno busca debilitar a las empresas eléctricas, requiriéndoles que retiren sus recursos pasados a las tarifas del enjuague, a la vez que pretende que sigan manteniendo la financiación en sus balances del déficit tarifario, en la idea de que el sector eléctrico se debe plegar a los designios políticos y a la forma de redistribución de los ingresos de la tarifa que el Gobierno plantea conforme a sus intereses. La única forma de hacerlo es la coacción.

– Mientras que el Gobierno considera que unas empresas están sometidas a los designios políticos, otras se benefician de ellos. Incluso llega al extremo de considerar a unas empresas y a otras no.

Atentos, que ahora viene la segunda parte, que es la revisión del modelo regulatorio que prepara Industria. ¿Caerán en los mismos vicios? ¿Amnistiarán a los mismos?