Aguilar dice que la decisión de Garoña está tomada y que el Gobierno cambiará de postura pese a la enmienda

«La decisión sobre Garoña es una decisión del Consejo de Ministros, punto y final», ha aseverado la titular del MARM, quien ha recordado que el futuro de la central burgalesa ya se conoce.

Asimismo, Rosa Aguilar ha afirmado que la enmienda a la Ley de Economía Sostenible que se aprobó en el Congreso «tiene la virtud de permitir a cada cual mantener su posición» por lo que rechazó que conlleve un cambio de postura por parte del Ejecutivo central y defendió que «se ha podido llegar al consenso» a pesar de que «cada uno tiene su opinión».

No existen razones «técnicas ni políticas» para no prorrogar su actividad

Sin embargo, para el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, no existen razones «técnicas ni políticas» para no prorrogar la actividad de la central nuclear de Santa María de Garoña después de que el pleno del Congreso abriera la puerta a la continuidad de la actividad de las nucleares más allá de los 40 años.

Villanueva ha considerado que la falta de razones «técnicas y políticas» debería empujar al Ejecutivo central a comunicar a Nuclenor la prórroga para que, de esta manera, la compañía pueda hacer un planteamiento «a largo plazo».

Asimismo, ha destacado que la incorporación de las enmiendas supone un «reconocimiento», en un «ejercicio de responsabilidad», de un error «del propio Zapatero». Villanueva ha aseverado que los temas energéticos no se pueden resolver «de forma parcial» –minería, producción energética, gas, renovables y nuclear por separado– como, a su juicio, se hace «todos los días».

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha remitido a la carta que el pasado 24 de enero envió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le pedía que no se cerrase la central de Santa María de Garoña y se pudieran salvar los empleos existentes.

Asimismo, Herrera ha aseverado que «más que hablar de un cambio de criterio» por parte del Gobierno tras la enmienda aprobada «habría que abordar esta cuestión como una oportunidad» para que el Ejecutivo central «sea consciente de que volver atrás y reconsiderar la decisión –sobre Garoña– es un acierto».

El alcalde de Garoña pide que no haya una «discriminación injusta»

Por su parte, el alcalde de Valle de Tobalina -municipio burgalés en el que se ubica la central nuclear de Garoña -, Rafael González Mediavilla, ha pedido al Gobierno que no cometa una «discriminación injusta» con este reactor, después de que los grupos parlamentarios hayan aceptado que la vida útil de las centrales pueda alargarse más allá de los 40 años, en función de las garantías que dé el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

González Mediavilla ha sostenido que, si es el CSN el que ha de decidir, habrá que tener en cuenta que, «en su día, ya dijo que Garoña podía seguir funcionando con seguridad».

A su juicio, el asunto del cierre de la planta burgalesa en 2013 «debería retomarse», teniendo en cuenta la riqueza y empleo que genera en la zona y las repercusiones de su cierre para el sistema energético y el precio de la electricidad. Dejar fuera a Garoña sería «injusto» y «discriminatorio». «No sería coherente» con la enmienda a la Ley de Economía Sostenible, ha afirmado.

El alcalde de Burgos cree que cerrar Garoña es un «capricho político»

Asimismo, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ha asegurado que no mantener la actividad de la Central Nuclear de Santa María de Garoña una vez levantada la restricción de los 40 años de actividad sólo respondería a un «capricho político» del Gobierno.

A su juicio, no se puede «excepcionar» a una central después de anunciar el levantamiento, máxime cuando los informes avalan sus condiciones de seguridad en el futuro y teniendo en cuenta la dependencia energética exterior que padece España.

«No se puede estar jugando con los sentimientos y los puestos de trabajo de más de 1.000 familias y de una provincia que tiene uno de sus activos importantes en Garoña», aseveró Aparicio en declaraciones a los medios.

Greenpeace: «Zapatero se ha olvidado de sus promesas»

Por su parte, el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha criticado que el Gobierno «se ha olvidado de sus promesas» para el cierre progresivo de las centrales nucleares, durante la última fase de la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible.

Bravo ha manifestado que el Ejecutivo «prometió que fijaría la vida útil en 40 años». «Ahora se ha bajado los pantalones y en la última fase de la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible se ha olvidado de sus promesas», ha lamentado.

También, Ecologistas en Acción proseguirá con su campaña por el cierre de las centrales nucleares del país y «seguirá presionando» para que el Gobierno «haga efectiva al menos» su promesa de cerrar la central de Santa María de Garoña.

Así lo ha dicho el coordinador de Ecologistas en Acción, Luis González, tras lamentar el «viraje nuclear» del Ejecutivo, que ha aceptado prolongar las vida útil de estas instalaciones más allá de los 40 años.

«Zapatero empezó con un programa electoral en el que se comprometía a cerrar las centrales de manera progresiva, y ahora abre la mano a una prolongación de su vida de manera indefinida, apostando por un mix eléctrico fuertemente insostenible», ha señalado González.

Foro Nuclear: «Es un acierto político y económico»

También, el Foro de la Industria Nuclear Española ha considerado que apostar por el funcionamiento a largo plazo de las centrales «es un acierto político y económico». De este modo ha valorado la enmienda a la Ley de Economía Sostenible aprobada por el Parlamento, que elimina el límite de 40 años de funcionamiento para los reactores nucleares.

El «lobby» nuclear español ha manifestado que es vital un amplio acuerdo en materia de energía con el consenso de las fuerzas políticas. El acuerdo «debe contemplar un marco normativo predecible, estable e incentivador no sometido a arbitrariedades, en el que se consideren todas las tecnologías y fuentes energéticas».

A su juicio, la política energética en España debe contemplar la continuidad de los ocho reactores nucleares en funcionamiento a largo plazo. Estos ocho reactores nucleares españoles tienen una potencia total instalada de 7.796 megavatios (MW) y una producción de energía eléctrica que representa cerca de la quinta parte de la producción total de electricidad en España.

Para Foro Nuclear, la operación a largo plazo de las centrales nucleares constituye una garantía de independencia y diversificación del abastecimiento energético, mantenimiento de la competitividad en el mercado de generación eléctrica, estabilidad, mejora de la competitividad de las empresas españolas y respeto por el medio ambiente (de acuerdo con los compromisos adquiridos en Kioto).

La industria nuclear europea celebra el cambio «sutil, pero significativo»

Por último, y también en la línea del Foro Nuclear, la industria nuclear europea ha celebrado el «cambio político sutil, pero significativo» que, a su juicio, ha dado España con la aprobación de la enmienda de la Ley de Economía Sostenible (LES) para alargar más allá de los 40 años la vida de las centrales nucleares, si sus titulares así lo solicitan, porque supone un giro de la «política oficial de eliminación».

El director general del Foro Atómico Europeo (FORATOM), Santiago San Antonio, ha destacado que esta decisión es una muestra «clara» de que la energía nuclear «es vista como un medio eficaz y esencial» para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones contaminantes en la Unión Europea.

España «se hace eco» de un movimiento creciente en Europa que ha llevado a numerosos países a ampliar el funcionamiento de sus centrales o a construir nuevas instalaciones, según San Antonio.

También apunta que el hecho de que esta enmienda saliera adelante prueba que existe un «consenso creciente» a favor de las nucleares entre los partidos políticos en España.