ACS logrará un puesto en el Consejo de Iberdrola que se prevé efímero

Según informaron fuentes del grupo constructor, de servicios y energía, aún no está decidido quién de los dos directivos será el consejero que propondrá ACS para que les represente en el Consejo de Iberdrola.

Pedro López Jiménez, ex presidente de Unión Fenosa, es actualmente consejero de ACS y vicepresidente de su filial Dragados, en tanto que José Luis del Valle es el secretario del Consejo de Administración del grupo que preside Florentino Pérez y consejero de al menos ocho de sus filiales.

ACS reclama desde hace años contar con un puesto en órgano de dirección de Iberdrola, de la que es máximo accionista con una participación de 12,6%, lo que le da derecho a una plaza.

De cara a la Junta de Accionistas del año pasado, el Consejo de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán le cerró el paso alegando que no había puestos vacantes y modificó su reglamento para complicarle aún más la entrada, en aspectos relacionados con la edad de jubilación de sus componentes o limitando a 15 el número máximo de miembros.

En estos momentos hay vacantes disponibles, a pesar de que el pasado mes de febrero, la eléctrica propuso cubrir dos vacantes con la incorporación de María Helena Antolín y Santiago Martínez Lage, ambos procedes de Iberdrola Renovables.

El grupo constructor mantiene su intención de entrar en el Consejo de Administración de Iberdrola pese a las declaraciones del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, quien advirtió de que quien quiera controlar la compañía deberá lanzar una opa en metálico por el cien por cien de su capital.

Ante esta situación, el propio Florentino Pérez, avanzó que ejercerá el derecho de proporcionalidad, en virtud del cuál todo accionista tiene derecho a contar con un represente en el consejo en proporción a la cifra que resulte de dividir cien entre el número máximo de consejeros fijado por los estatutos.

En el caso de Iberdrola, cuyo Consejo cuenta con 15 asientos, una participación del 6,67% da derecho a un representante, mientras que para contar con dos se debería tener más de un 13,34%.

No obstante, el Consejo de Administración de Iberdrola ha solicitado diversos informes económicos y dictámenes jurídicos sobre la existencia de un conflicto de competencia entre el Grupo ACS y el Grupo Iberdrola.

Para alejar a ACS de su Consejo, la eléctrica sostiene que la compañía que preside Florentino Pérez es un competidor «en numerosos mercados» y que, de hecho, ambas empresas «han rivalizado en licitaciones nacionales e internacionales para la prestación de servicios y la realización de proyectos»

En todo caso, y en cumplimiento de la legalidad vigente, «se dará curso a la solicitud de ACS, e Iberdrola «respetará, en todo caso, la voluntad de sus accionistas» (lo que no impediría que, posteriormente, Iberdrola decidiera recurrir la entrada del consjero de ACS, aferrándose al citado conflicto de competencia).

Posteriormente, en el turno de preguntas, algún accionista presente en la Junta advertirá de que ACS no puede sentarse en el Consejo al ser competidor, tras lo que se pedirá a la Junta que revoque a su consejero.

Así, la decisión estará en manos de los accionistas, entre los que destacan BBK (7,18%) y Bancaja (5,73%) -que en principio apoyan a Galán– y un alto porcentaje de pequeños inversores que en muchos casos habrán delegado su voto, por lo que todo apunta a que el consejero de ACS será revocado, según fuentes del mercado.

A partir de ahí, ACS podría impugnar ante los tribunales los acuerdos de la Junta, como ya hizo en su día Acciona, a la que tras lograr en la Junta de 2004 tres representantes en el Consejo de FCC éstos le fueron revocados por la Junta y después por los tribunales por entender que las dos compañías eran competidoras directas.

Este conflicto entre los intereses de ambas compañías coincide con el tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, en el que, de acuerdo con una enmienda presentada por el PSOE, podría incluirse la supresión de la limitación de los derechos de voto en las empresas.

Precisamente, la Comisión de Economía de la Cámara Baja decidió aplazar al 6 de abril este debate para poder disponer así de más tiempo para tratar de llegar a un consenso sobre la supresión de los «blindajes» que algunas empresas tienen en sus estatutos mediante la limitación de los derechos de voto.

Además de a los intereses de ACS en Iberdrola, la supresión de los blindajes afectaría también al grupo constructor Sacyr Vallehermoso y a La Caixa, que tienen un 20,01 y un 14,1 por ciento, respectivamente, del capital de la petrolera hispano-argentina Repsol YPF.