ACS impugna la Junta de Accionistas de Iberdrola que le negó un puesto en el consejo

La demanda está acompañada de seis informes periciales que, según la constructora, demuestran que no hay conflicto de intereses entre las dos empresas que justifique la exclusión de ACS, primer accionista de Iberdrola (con una participación del 12 por ciento), del órgano de gobierno de la eléctrica.

El pasado 26 de marzo, en la Junta de Accionistas de Iberdrola celebrada en Bilbao, la mesa aceptó inicialmente la petición de ACS de contar con un representante en el consejo en ejercicio de la representación proporcional. El elegido fue José María Loizaga.

Sin embargo, instantes después, un accionista de la eléctrica, el abogado Ramón Hermosilla, solicitó el «cese» inmediato de Loizaga apelando a un conflicto de intereses entre las dos empresas por competir en sectores como el de la ingeniería o el de las energías renovables.

El consejero de ACS José Luis del Valle pidió el voto negativo a esta petición y sostuvo que las dos compañías no compiten directamente. Según Del Valle, bastaría con que Loizaga se ausentara del consejo cuando éste abordase temas que pudieran conllevar un conflicto de intereses.

A pesar de estas alegaciones, la Junta de Iberdrola votó la exclusión del representante de ACS del consejo y, acto seguido, acordó reducir de 15 a 14 el número máximo de consejeros de la eléctrica.

La constructora avanzó ese mismo día su intención de recurrir ante la Justicia, aunque la demanda no se ha presentado hasta ahora.

Por el contrario, dos meses después, el 26 de mayo, Iberdrola anunció la impugnación de las cuentas de ACS aprobadas en la Junta de Accionistas de la constructora al entender que incluyen numerosas infracciones a la normativa vigente y no muestran la imagen fiel de su situación financiera.

Iberdrola considera que ACS registró el año pasado unas pérdidas brutas de actividades ordinarias (sin contar la venta de Unión Fenosa) de 405 millones de euros, en lugar del beneficio de 988 millones que declaró la constructora.

La demanda de juicio ordinario planteada por la eléctrica ha sido asignada al titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, Carlos Nieto.

Iberdrola defiende la legalidad de su junta

Por su parte, Iberdrola asegura que actuó conforme a la legalidad vigente en su última junta de accionistas, en la que sus accionistas votaron en contra de la designación de un consejero de ACS, e insiste en que el conflicto de competencias aducido para impedir la entrada de la constructora es «evidente, nítido y reconocido» por el propio grupo presidido por Florentino Pérez.

Iberdrola argumenta que la legislación es «absolutamente clara» en el artículo 132 de la Ley de Sociedades Anónimas, que alude a la separación de consejeros y señala expresamente que «los administradores que lo fueren de otra sociedad competidora y las personas que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad cesarán en su cargo a petición de cualquier socio y por acuerdo de la junta general».

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán recuerda además que el nombramiento del representante de ACS fue anulado con un apoyo del 81,5% de los accionistas, y que el conflicto de interés está acreditado por informes jurídicos de PricewaterhouseCoopers, Nera, Uría y Menéndez, Ramón y Cajal y Cortés Abogados.

«Estos informes y dictámenes», señala, «evidencian que ambas compañías son competidores reales en numerosos mercados y han rivalizado en licitaciones nacionales e internacionales para la prestación de servicios y la realización de proyectos«. La competencia, indica, es «particularmente intensa» en algunas áreas estratégicas de Iberdrola, y se extiende a la producción de energía.

Por último, la eléctrica, que contará con Uría y Menéndez como asesor en este asunto, dice esperar que ACS acredite que es «accionista agrupado» durante todo el tiempo que dure el proceso de impugnación y que «aglutine el número suficiente de acciones en función del nuevo capital social de la empresa y de la reducción a 14 del número de consejeros, dentro de las mejores prácticas de gobierno corporativo».