¡A mí no me detiene ni la Guardia Civil!

La semana pasada el senador socialista y presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, fue detenido por la policía en una sauna (que al parecer no era un burdel), mientras estaba acompañado de su hijo. El senador apeló a su condición de «aforado» gritando en medio del escándalo «¡A mí no me detiene ni la Guardia Civil!». Esta fue, entre otras, una de las frases que el representante público profirió en medio de la turbamulta contra el resto de presentes y hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pongan en todo el presunto… presunto senador, presunto padre, presunto estado de embriaguez, presunta sauna, presunto burdel…pero esta expresión se recogió en varios medios de comunicación como titular.

En España, con una historia convulsa, «la política» ha sido utilizada como mecanismo de ejercicio de poder sin límites y en la que sus representantes, en muchos casos, preferían el lado de la balanza del ejercicio omnímodo del poder, frente a las responsabilidades y obligaciones que comporta su cargo como servidores públicos, no para servirse de sus puestos y responsabilidabes. «Un gran poder, es una gran responsabilidad», decía Spiderman.

De hecho, hay quienes creen en esa versión del ejercicio de la autoridad o la responsabilidad: la capacidad de utilización desmedida, discrecional y arbitraria de su cargo o de su posición, desafiando incluso el derecho. Ejercicios de ese tipo son los que justifican expresiones que habrán podido oír en uno u otro partido político «para eso hemos ganado las elecciones», por ejemplo. El hecho de que todo esté sujeto a una dinámica que transfiere la composición del parlamento a la sociedad civil e instituciones reguladoras y del Estado, sin existir contrapoderes.

O, incluso, otra tipología son las construcciones más o menos sofisticadas y que sustentan en complejas teorías justificativas de los márgenes de discrecionalidad política. Todo ello, ejercido por representantes que no quieren sentir ni la sujeción a las normas, a los criterios económicos, jurídicos o de mercado, para que dichos representantes o titulares de puestos o cargos, puedan sentirse con las manos libres para hacer y deshacer y decidir, dejando el peso de las decisiones relevantes para otros. Todos recordamos ejemplos de normativas que se han hecho para favorecer a un grupo empresarial, a una tecnología concreta en un sector económico, que se han colado subrepticiamente en su trámite parlamentario, o que directamente se han hecho para entorpecer o facilitar operaciones corporativas que tienen su correlato en una utilización de una expresión más o menos explícita al grito de «¡A mí no me detiene la Guardia Civil!». Cuando, desde determinadas instancias se apela a que la política no debe estar al servicio de los mercados, también se recurre a la capacidad de extralimitación sobre los mismos, las reglas económicas y la ortodoxia.

En el sector energético, claramente, esos son postulados que identifican al colectivo retroprogresivo. Un ejercicio que permita la fijación discrecional y arbitraria de la rentabilidad de cada tecnología, sobre la base de la consideración discrecional de los costes. Constituir una especie de «polit buró» en el que la sociedad deposite la responsabilidad de todas las decisiones económicas de los sectores energéticos, sin más responsabilidad ante Dios y ante la historia, como administradores de sus propias decisiones discrecionales, frente a una dinámica de mercado y neutralidad. Y así, por ejemplo, también, tener manos libres en todas estas cuestiones o en las operaciones corporativas para defender una cosa y la contraria.

Sucede que durante la última semana se hicieron públicos dos informes aprobados por el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía. El primero, que ya comentamos, relativo a la operación societaria del OMEL solicitando la autorización para el proceso de adquisición del 50% del capital del Operador de Mercado Portugués, en el que se pudo apreciar como el Consejo de Administración de la CNE, ni corto, ni perezoso, se arrogó un conjunto de prerrogativas que supone arrasar con el derecho mercantil y societario, levantándole de paso el resultado de la valoración de la operación efectuada por los bancos de negocio que han asistido en la operación.

Y también conocimos el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los peajes a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía eléctrica, en el que se propone fijar un peaje para la compra de electricidad para las instalaciones de generación hidráulica por bombeo, que multiplica por tres el que se aplica a la evacuación de energía por cualquier otra fuente de generación y que deliberadamente se aparta de la propuesta recibida por la Secretaria de Estado de Energía.

Mientras el Ministerio de Industria propone un peaje de 0,5 euros MWh aplicable a la energía vertida como a la perdida en el proceso de bombeo-turbinación, la CNE propone un peaje modificado específicode 2,8 euros MWh para el proceso de bombeo turbinación. Todo ello, sin justificación económica, teórica o técnica que avale esta propuesta, ni su impacto. Por tanto, ¿es posible que esta propuesta del organismo regulador se pueda integrar en la cruzada contra el bombeo y la generación hidráulica que mantiene el organismo, y particularmente, los colectivos retroprogresivos?. Léanse el informe completo y el ultimo voto particular del consejero Luis Albentosa al respecto y la incisiva pregunta final.

Y luego, además, en un ejercicio de cinismo, de proporciones enormes, tras proponer esta forma de fijación de peajes modificados para esta tecnología, en concreto, en las conclusiones del informe y en la nota de prensa que difundía el organismo hace dos semanas a propósito de su aprobación, incidía en la posibilidad de que la fijación de estos peajes (por otro lado, adecuándose a la normativa comunitaria en este aspecto) para la generación se podrían trasladar a los precios en el mercado de generación.

¿Por qué ocurren todas estas cosas en los estertores de la vida del último consejo de administración de la CNE?. Por lo mismo de antes. Porque a la Comisión Nacional de Energía no la para ni la Guardia Civil. Como le ocurrió al senador Curbelo.

«Un gran poder, es una gran responsabilidad». Ya lo dijo Spiderman.