Del revuelo sobre la comercialización y las nuevas tarifas

Todos los cambios tienen sus procesos de soportes y resistencias, movimientos de ida y de vuelta, en un reflejo de la dialéctica y de comportamiento de los agentes que participan en el cambio. Si nos atenemos al revuelo causado por el siguiente hito en el proceso de la liberalización eléctrica, es decir, por la elección de comercializador por parte de los consumidores y la implantación de las tarifas de último recurso, podemos volver a encontrar movimientos y comportamientos recurrentes.

Sobre todo porque todavía tiene nuevos pasos a la vista, y próximos, y porque el destino de ello debería ser que existiera un conjunto de ofertas competitivas para los consumidores de electricidad, con el techo de una tarifa máxima o de último recurso. Es decir, que pasáramos a un mercado de los kilowatios semejante a las telecomunicaciones, en que uno puede encontrar para el ADSL ofertas más baratas que las que fija de referencia la CMT. Todo con la pequeña salvedad de que todavía no se está pagando la electricidad a sus costes reales.

Una cuestión que requiere su propio análisis es el efecto informativo o desinformativo que existe al respecto, causa y origen del revuelo de estos días. En este sentido, los resultados de la encuesta elaborada por CEACCU vienen a confirmar el desconocimiento de los consumidores españoles de muchas cuestiones.

Para empezar, tendrán que elegir un comercializador, con las implicaciones que ello tiene. Pero también, con el conocimiento del problema del déficit tarifario y la tendencia a las soluciones mágicas: que sean las empresas quienes reduzcan beneficios o que lo pague el gobierno. A cambio hay que reconocer que los procesos informativos, más transparentes que se están dando para otros procesos de transformación de la economía y de la sociedad, como por ejemplo la implantación de la Televisión Digital Terrestre, han sido mucho más generalizados y extensivos (hoy todo el mundo conoce que habrá un apagón de la señal analógica y que tiene que adaptar sus antenas y televisores).

El hecho es que nadie le ha planteado con claridad a los consumidores españoles la cuestión de que, hasta el momento, venían pagando la electricidad a precios menores que los que se derivaban de los costes de su proceso de producción, transporte, distribución y comercialización.

También es de recibo, tener en cuenta el papel esperable de los comercializadores en la electricidad a medio plazo y el de las tarifas de último recurso que necesariamente deben ser topes, sobre el cual tienen que existir reducciones de precios, mejores ofertas, competencia y mercado (que, por cierto, ha sido la manera en que se han abaratado las telecomunicaciones). Estando acostumbrados al pensamiento único y a la tarifa regulada, es por ello difícil de entender por quienes no comprenden que la economía de las sociedades libres y democráticas se organiza en mercados, sobre los cuáles no hay que intervenir.

A cambio de eso, desde los sectores más inmovilistas y retroprogresivos relacionados con la energía, se ha tratado de poner palos en las ruedas (o robar los neumáticos directamente) al proceso de liberalización: cuestionando las dinámicas y los procesos de mercado, saboteando la resolución de los problemas acumulados y el tránsito a un modelo que perfeccione la liberalización en el sector eléctrico. Todo para defender un modelo de tarifas ineficiente desde el punto de vista competitivo, económico, financiero y medioambiental.

Hay que recordar que el mercado es la forma más eficiente de asignación de recursos, frente a la intervención, la planificación u otros mecanismos basados en la retribución en función de costes reconocidos, famosa teoría del Informe de Costes y Precios (y, por ende, de control de rentas) por tecnologías de un bien indiferenciado como es el kilowatio y no visión conjunta del mercado eléctrico que ha permitido una importante expansión de la oferta y capacidad excedentaria en materia de generación (lo que aumenta la competencia y favorece los precios bajos y generales para todos). Como en todos los mercados.

Por tanto, además de la influencia de los modelos tardofranquistas/falangistas (con su sentido particular de la justicia distributiva y su visión enfermiza de las empresas), una suma de errores políticos pasados (tarifas bajas artificialmente) acumulados durante los momentos de nuestro auge económico, en que los españoles consumían mucha más electricidad dado que no conocían los precios reales (y a la vez eran capaces de pagar mucho más por los bienes inmuebles).

Así, sus autoridades políticas habían decidido no trasladar el coste de la energía en un acto de benevolencia, paternalismo o cobardía política continuada. O de ideología (selectiva) dado que, como no se podía intervenir en los precios de lo inmobiliario, se podía intervenir el precio de la energía de forma que los españoles se pudieran gastar su renta disponible en pisos, por ejemplo, como se ha hecho toda la vida de Dios. Esto ha devenido en la existencia de cantidades enormes de déficit tarifario (cantidad no pagada por los consumidores en la tarifa y que o se financiaba después en cómodos plazos, eso sí, crecientes).

Si unimos a esto, la falta de conocimiento económico generalizado, la ausencia de cultura económica, de funcionamiento de los mercados y de la competencia incluso de los teóricos sectores más liberales, junto con una oposición mareada y descentrada (el Partido Popular se une al incendio de la gripe AH1N1 con las amenazas del 30 % en el crecimiento de la tarifa eléctrica en un ejercicio demagógico de interpretación de la realidad), vemos cómo se intenta sacar rédito político o electoral de un proceso que además de inevitable, si se hace bien (como se debe hacer, fuera de partidisimos y de componentes ideológicos), puede ser en el medio plazo beneficioso para el consumidor español y para la economía en general.