Castilla y León fijará un canon a las compañías eléctricas por producir energía en la región

La fórmula elegida será la de una proposición no de ley consensuada por todos los grupos parlamentarios de las Cortes autonómicas (Popular, Socialista y Mixto) y cuyo origen está en el recurso judicial planteado por las compañías eléctricas al Real Decreto de apoyo al consumo de carbón autóctono, paralizado tras su admisión a trámite.

Sobre el establecimiento de este canon, que gravará la actividad productiva de energía y su transporte en Castilla y León para reindustrializar las cuencas mineras, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera ha sostenido que comparte la «sensibilidad» de los grupos parlamentarios, que han acordado una posición común para establecer esta medida recaudatoria.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha encargado un estudio a los tres departamentos implicados en este asunto (Hacienda, Medio Ambiente y Economía y Empleo) para fijar las condiciones de este impuesto a las eléctricas, aunque ha matizado que el texto normativo final tendrá como condicionantes «lo posible, lo legal y lo que no sea contraproducente para los ciudadanos» porque no es partidario de «introducir elementos que repercutan en el consumidor final».

Sin embargo, ha manifestado que el actual es un «momento muy oportuno» para establecer esta tasa a las eléctricas, ya que supondrá ingresos extraordinarios para las arcas públicas de la Comunidad autónoma, puesto que permitirá recaudar entre cincuenta y cien millones de euros al año.

El nuevo canon es una propuesta del portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León, Joaquín Otero, quien ha asegurado que si finalmente se aprueba esta medida, «será un paso muy importante» que marcará «un antes y un después».

Otero ha planteado que el nuevo impuesto sea similar al que funciona en Galicia, donde un canon hidroeléctrico grava la producción procedente de los embalses, pero aplicado en Castilla y León al total de la producción energética.

Se trata de un modelo que ya se utiliza en otras comunidades como Extremadura y gracias al que se multiplicaría por cuatro el dinero recaudado con un canon únicamente hidroeléctrico, con lo que supondría unos cien millones de euros anuales para Castilla y León, ha calculado Otero.

Aunque esta situación coincide en el tiempo con el enfado de la Junta de Castilla y León por el recurso planteado por las eléctricas contra el Real Decreto de apoyo al consumo de carbón autóctono, Herrera ha señalado que el establecimiento de esta tasa «no se puede hacer con ánimo vindicativo o como una reacción», a pesar de que la semana pasada afirmó que no olvidará la «hostilidad» hacia los intereses de la Comunidad que han plasmado en su recurso judicial al Real Decreto.

El presidente autonómico ha mantenido que las eléctricas han sido «absolutamente insensibles» y «se han movido en el ámbito de la prepotencia», por lo que no considera que ahora sea él quien tenga que dar el paso de la comunicación entre ambas partes.

Además, Herrera ha avisado a los directivos de las eléctricas de que no les va a llamar para dar explicaciones sobre las medidas que tome su Ejecutivo puesto que son los dirigentes empresariales los que tenían que haber llamado antes de tomar una decisión de «efectos gravísimos» sobre la actividad económica y el empleo en las comarcas mineras.

«No soy yo quien tiene que dirigirse a Ignacio Sánchez Galán -presidente de Iberdrola-, buen amigo y paisano,» ha dicho Herrera al ser preguntado si había llamado a los dirigentes de las compañías eléctricas para avisarlas sobre este nuevo canon.

La proposición no de ley será debatida en el Pleno de las Cortes del próximo martes 23 de noviembre, con la intención de que el Gobierno autonómico remita un proyecto de ley a la Cámara regional antes de que finalice el año, para que la nueva ley se pueda aprobar antes del fin de esta Legislatura.

Otero ha explicado que este margen de dos semanas servirá para estudiar detenidamente el tipo de impuesto y para dar una oportunidad a las compañías eléctricas a que rectifiquen, retiren su recurso contra el Real Decreto y se pueda negociar con ellas el nuevo canon.

Aragón descarta aplicar un canon a las eléctricas

Por su parte, el consejero de Industria del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha descartado la aplicación de un canon a las compañías eléctricas en la Comunidad «sin meditar las cuestiones ni valorar las consecuencias», ya que a su juicio lo importante es que el decreto del carbón entre en aplicación.

A juicio del consejero, la decisión de Castilla y León quiere decir que se toma nota «de la actitud de las compañías eléctricas», de su «falta de solidaridad en estos momentos con la situación económica de unas pocas comarcas españolas».

En Castilla y León hay 3.500 empleos directos en la minería y esta Comunidad y Asturias concentran el 90 por ciento del empleo del sector, por lo que «es verdad que había mucha indignación» en la zona por ese recurso.

Aliaga ha dicho que no ha contemplado ni ha planteado la posibilidad de aplicar un impuesto a estas compañías, ya que lo que hay que conseguir es «que ese decreto del carbón entre en aplicación y avanzar para ver si Bruselas aprueba un nuevo reglamento hasta 2018, si puede ser».

«No vamos a declarar una guerra sin meditar las cuestiones ni valorar las consecuencias«, ha agregado el titular de Industria en este sentido.

Asturias defiende un rol relevante del carbón en el mix energético europeo

Por su parte, Asturias defendió un papel «relevante» del carbón en el futuro mix energético europeo con el fin de asegurar la independencia energética, garantizar el suministro y servir de respaldo a las renovables.

El director general de Minería del Principado, Isaac Pola, subrayó la importancia del carbón autóctono en una audiencia celebrada en el Parlamento Europeo sobre el futuro del sector.

Según Pola, hay toda una serie de «argumentos técnicos, energéticos, económicos, medioambientales y de carácter socioeconómico y territorial» en su favor.

En concreto, hizo especial hincapié en el carácter de «reserva estratégica» que el carbón tiene para una Europa que sufre una importante dependencia energética del exterior.

Además, destacó los avances en materia medioambiental registrados en los últimos años y el «tremendo impacto social» que los ajustes tienen en las comarcas mineras.

«El carbón deberá mantener un papel redimensionado, pero relevante en el mix energético del futuro en base a los principios de independencia energética, seguridad de suministro y tecnología complementaria de las renovables», resumió el representante asturiano.

En la misma línea se pronunció el presidente de la Asociación Europea del Carbón y el Lignito (EURACOAL), Petr Pudil, quien defendió el carbón como una energía «barata» que debe contrarrestar el alto coste de energías más sostenibles.

Además, abogó por incentivar las inversiones en plantas térmicas de alta eficiencia y bajas emisiones y por que la Unión Europea defienda ante la opinión pública la necesidad de un equilibrio en la política de energía entre la seguridad de suministro, la competitividad de los precios y la sostenibilidad medioambiental.

EURACOAL recordó el papel cada vez más importante que el carbón tiene en el mundo, con China a la cabeza, y recordó que éste cubre el 27 por ciento de la demanda global de energía, solo superado por el petróleo.

Según los datos de esta asociación, 280.000 personas trabajan directamente en el sector europeo del carbón y la producción autóctona aporta «seguridad de suministro» y un «valor añadido» a la economía comunitaria.