La razón del Mal

Rafael Argullol tiene escrita una novela, La razón del Mal (premio Nadal en el año 1993), que reúne en su título, casi dos cuestiones que deberían ser antagónicas: razón y Mal. Su argumento es el de cómo en una ciudad de rasgos netamente occidentales, cosmopolita y próspera, se produce un fenómeno extraño que en un principio se intenta mantener en secreto. Dos testigos de los hechos, que intentan explicar lo inexplicables, empiezan apreciar como algo que parecía menor, se convierte en una amenaza mucho más temible, capaz de transformar las más íntimas convicciones de los ciudadanos, hasta recrear el concepto de descomposición y desintegración de la ciudad.

Podemos encontrar una analogía con este novela, en el hecho de que a causa de dos párrafos incidentales incluidos por la Comisión Nacional de Energía en la propuesta de tarifa integral para el tercer trimestre, desarrollados en un informe tan anómalo (y su esparcimiento público en los medios de comunicación como una verdad, cuando se trata de estimaciones) se encuentre en cuestión el propio funcionamiento de una institución como es el mercado eléctrico, a través del cuestionamiento de las tecnología que participan en él.

Y, no tanto porque se critiquen los precios de nuestro mercado (que, en primer lugar, son semejantes a los de Europa y dependen de la demanda y de las materias primas, como en Europa), sino que se critica como se “benefician” unas tecnologías sobre otras de los precios que fija el propio mercado, algo normal en todo mercado de producción de bienes y servicios homogéneos (el kilowatio). Quiere decirse que la propuesta no va para abaratar precios, sino para expropiar resultados. Toda esta ceremonia, convive con la existencia de los precios más bajos de la energía que en Europa, junto con Francia (anormalmente bajos), fruto de la actitud renuente (y los comportamientos elusivos de las Administraciones de turno) para acometer una revisión tarifa que refleje los precios de la energía.

Podemos hacer un resumen de las causas por las cuales en un país como el nuestro, europeo y occidental, que empezó con un proceso de liberalización que era la envidia de Europa, está llevando hacia propuesta involucionistas e intervencionistas o, desde perspectivas teóricas, académicas-optimizadoras.

– Existencia de un importante déficit tarifario acumulado. Este, son ser grave, sería un problemas de partida. Se trataría de un embalsamiento de costes de la energía que, ya se produjo en el tardofranquismo, y que por la debilidad política y el nivel de intervención del Estado, no se abordó a tiempo. Es, eso sí, es el origen de todas la batallas. Este año acabará por encima de los 12.000 millones de euros acumulados, de forma que este año ya la tarifa acoge 900 millones de euros entre amortización del principal. Lo único que hace el ajuste tarifario propuesto por la CNE es asumir la evolución de los precios de la energía en 2008 para dejar el déficit ex ante (la diferencia de ingresos y gastos que se había fijado de partida) en su montante inicial. Lo lógico era hacer un plan, una periodificación temporal del mismo, un esfuerzo conjunto para sacar determinados elementos de la tarifa, revisar la fiscalidad de la electricidad, etc… Buscar una solución presentable. Pero para eso hacen falta gestores, capaces de trazar un plan, de administrarlo y de explicarlo (con convicción para ello). Las soluciones creativas que van apareciendo, a lo que tienden es a ‘meter mano’ por vías torticeras a la tarifa eléctrica y revestirlas de decisiones contra las empresas en beneficio de los consumidores (que pagan a plazos y con intereses el desmán tarifario).

– Incapacidad política continuada para trasladar los costes a las tarifas. Heredada de dos hechos. El primero es que durante los gobiernos populares se produjo, con una coyuntura favorable de las materias primas energéticas una disminución de los precios reales de la energía muy elevada. Las ultimas legislaturas socialistas han venido caracterizadas por lo contrario, precios altos de la energía, crecimiento de la demanda, y tarifa fija para no incurrir en costes políticos, por comparación, en el desarrollo de un juego político cainita que hubiera sido necesario para sacar esta cuestión del debate político. Consecuentemente, el segundo hecho es que cualquier coartada que permita evitar esta elevación a los ciudadanos es bien recibida, aunque sea poco ortodoxa y afecte a la estabilidad del sector y a la credibilidad de nuestra economía, en un territorio en que las ideas claras sobre el funcionamiento de la inversión y los mercados financieros es clara y manifiesta.

– Existencia de una minoría creativa, intervencionista, optimizadora, procedente del antiguo régimen, cuando no existía mercado. Con la definición minoría creativa, retroprogresiva, nos referimos a un grupo de intelectuales vinculados al sector energético, procedentes de otra época. Con una visión ‘progre’ y no libre del funcionamiento de los mercados y los agentes económicos, enfrentado a los agentes empresariales (excepto a los monopolistas propios o foráneos), con la vuelta a un modelo de intervención, el marco legal estable de la dictadura, la sujeción de las empresas a la inteligentsia, al arbitrismo por tecnologías, la explotación centralizada, el monopolio de redes, la planificación de la economía más dinámica de Europa, el control de rentas, la regulación ‘ad hoc’, los planes quinquenales y la reinstauración del Soviet Supremo (y sus consecuencias contra la inversión y la seguridad de suministro). Un elenco de posiciones nada homologables en el ámbito regulatorio, con ningún país, del continente que sea, pero con algo muy peligroso para la Administración: con influencia, máxime en un momento de cambio de equipo. Y, lo bueno, es que sus trapisondas se notan en el medio plazo y en eso que los mercados (en los que no creen), denominan, confianza y estabilidad.

– Existencia de corrientes ocultas que trazan caminos desde el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, regulador independiente, hacia el Ministerio de Industria, regulador principal. Esas corrientes ocultas, también afectan a los propios servicios de la CNE, dónde en el caso del actual y anterior Dirección de Regulación se ha colocado como ‘la fuerza del eje’, desplazando a las áreas sectoriales expertas y concentrando la capacidad de interlocución regulatoria al juego político exterior de sus mayores. Sólo así, se pueden explicar el colaboracionismo con las sintonías con los afanes políticos de cada momento y con el regulador principal.

– A esto se une una visión del órgano regulador muy distorsionada, de forma que está permanentemente expuesta, en almoneda y deteriorando su rigor. El hecho es que no tiene nada ver la actuación fuertemente polémica e intervenida de la CNE, con la CMT o con la CNMV (futura Comisión Nacional de Servicios Financieros). Todo ello partiendo de un peligroso relativismo moral en lo que se refiere a independencia, (una independencia parcial es una dependencia) en lo que refiere al concepto, al principio, al conocimiento del funcionamiento de los mecanismos de mercado, al valor de la independencia y a la profesionalidad.

– Déficit social de la idea de mercado y de liberalismo, unido a una falta de cultura económica. Un excipiente en que todos los gatos son pardos. Pero esto es algo que no tiene solución, salvo a través de la censura de la Unión Europea, porque parece inconcebible que un organismo pueda aprobar una propuesta que va en contra de los propios criterios de la Comisión Europea y del mercado. El colmo del antiinstitucionalismo.

– Apriorismo y tolerancia ante la falta de seriedad y rigor, abundancia de inexactitudes, desarrollo de supuestos académicos y de laboratorio y, facilidad para hacer la vista gorda ante “defectos” notorios (poco justificables en el regulador independiente), en el uso de la información, con tal de obtener unos resultados que estaban predeterminados, como un partido de segunda división con maletines.

Finalmente, en la coyuntura actual, cabe preguntarse por qué la presidenta del organismo Maite Costa habría participado de esta ‘ceremonia’ que, en el fondo, deteriora nuevamente a la Comisión Nacional de Energía y la sume en un nuevo ‘agujero negro’, semejante al escándalo de la OPA de Endesa o a la manipulación ordenada desde instancias políticas, en la anterior etapa del informe sobre la OPA de Gas Natural a Iberdrola. Ha consumido toda la credibilidad (de existir) en este último envite. Sobre todo porque, de llevarse la propuesta a sus extremos, el propio organismo carece de sentido. La inquietud por los cambios que se estaban produciendo en el Ministerio, la cantidad de corrientes ocultas y ligazones con la Administración y la necesidad de su reposicionamiento podrían ser la explicación a esta última polémica.

La razón del mal.