La Agencia de Protección de Datos aprueba que las comercializadoras eléctricas accedan a datos de los puntos de suministro

La Agencia de Protección de Datos se muestra a favor de que las comercializadoras de electricidad puedan recibir por de parte de las suministradoras datos acerca de los puntos de suministro, siempre y cuando no haya una negativa expresa del cliente a que se entregue esta información.

Los servicios jurídicos de la agencia se muestran de acuerdo con que se entreguen estos datos a la Oficina de Cambio de Suministrador, y a que en este caso ni siquiera la negativa de los usuarios pueda evitar esta cesión.

La Agencia recuerda que en este caso se establece una «concreta cesión» de datos dirigida «exclusivamente» a comercializadoras y a la Oficina de Cambio de Suministrador, y que la medida no tiene por qué generar «una nueva fuente accesible al público». Además, entiende que la orden ministerial no tiene rango normativo como para permitir una cesión de datos de carácter personal, pero sí puede contemplar una medida de este tipo «siempre dentro del respeto al principio de proporcionalidad» y a las leyes de rango superior.

La posición del organismo da en parte la razón al Ministerio de Industria, que en la orden de tarifas del pasado 28 de diciembre obligó a las distribuidoras de electricidad a contar con una base de datos de los puntos de suministro a sus clientes, y a que estas empresas permitan a las comercializadoras consultar esta información.

En ese momento el Gobierno argumentó que esta decisión intentaba facilitar la actividad de las comercializadoras y con ello mejorar la competitividad, pero tanto la patronal eléctrica, Unesa, como las organizaciones de consumidores se han mostrado reticentes con la cesión de datos.

La patronal eléctrica, Unesa, denunció esta norma ante la Audiencia Nacional, y el Tribunal le dio la razón y suspendió cautelarmente la Disposición Adicional Tercera de la orden ministerial, en la que se aludía a la cesión de datos.

Tras conocerse esta medida, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abrió de oficio un expediente sancionador a Unesa para determinar si ha tratado de restringir la competencia al recurrir la orden ministerial. Este expediente del organismo presidido por Luis Berenguer tiene un plazo máximo para su instrucción y resolución de 18 meses.

Ante la decisión de la CNC, la asociación de consumidores Facua se mostró «perpleja» e indicó que la norma «pone en bandeja» a las comercializadoras de electricidad los datos de los consumidores.