«La detracción de los costes de los derechos de emisión de la tarifa eléctrica es una equivocación que no arregla nada y no beneficia a los consumidores porque contribuye a agravar el déficit tarifario»

PREGUNTA.- ¿Cuáles son los puntos principales que destacaría de su programa electoral en materia de energía?

RESPUESTA.- Teniendo en cuenta los tres grandes principios –seguridad de suministro, competitividad económica y sostenibilidad ambiental- que deben regir toda política energética, nuestro programa pone el énfasis en disponer de un sistema energético eficiente y competitivo. Para ello destacamos como puntos principales la necesidad de mantener una oferta energética diversificada, otorgando un papel creciente a las energías renovables; promover un desarrollo ambicioso de las infraestructuras energéticas; desarrollar la estrategia de ahorro y eficiencia energética y mejorar la seguridad y la calidad regulatoria de los mercados de electricidad y de gas, dando solución a los actuales déficit existentes.

PREGUNTA.- Dependencia energética y mix energético. ¿Cómo prevén abordar el alto grado de dependencia exterior de nuestro país en fuentes de energía primaria? ¿Qué papel tendrá, según su programa, la energía nuclear en el mix energético futuro de generación de nuestro país? ¿Cómo piensan sustituirla, en caso de reducir su participación o promover el cierre de las instalaciones actuales?

RESPUESTA.- Recuperar el fuerte impulso a la producción energética interna, especialmente la de origen renovable que proporcionamos con nuestra regulación (RD 436/2004), y desarrollar con intensidad y urgencia la Estrategia de Eficiencia Energética (E4), que también aprobamos a finales de 2003, son dos pilares fundamentales para reducir nuestra dependencia energética exterior. Junto a ello, la energía nuclear también contribuirá en la medida que nosotros propugnamos de mantener los actuales emplazamientos nucleares, e impulsaremos el uso de biocarburantes sostenibles, en línea con los compromisos europeos.

PREGUNTA.- Desde distintas instancias se estudia como fragmentar la cuota de mercado de las empresas eléctricas actuales que operan en nuestro país, aplicando más subastas y limitaciones a la actuación de las empresas. ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector energético español? ¿Cómo valora el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad y el grado de competitividad del mismo? ¿Qué medidas proponen en este sentido?

RESPUESTA.- Más que fragmentar la cuota de mercado de las empresas eléctricas actuales lo que resulta necesario es incrementar la competencia ligada a las conexiones internacionales que deben ser ampliadas cumpliendo las disposiciones del Consejo Europeo. Con sus limitaciones el mercado mayorista español ha sido de los que mejor ha funcionado. Es necesario impulsar el mercado bilateral y el mercado a plazo, para lo que sería bueno que la desaparición de la tarifa fomentase la unión de grupos de consumidores, sean particulares, pymes, agricultores o grandes empresas.

PREGUNTA.- En materia de la tarifa eléctrica, la legislación europea prevé la desaparición de la tarifa regulada. Además como Vd. conoce nuestro país va engrosando cifras cada vez mayores de déficit tarifario (insuficiencia de la tarifa para atender costes de generación) ¿Cuál es su posición en esta materia, abordar la subida de tarifas que equilibre los costes, aumentar el déficit tarifario de manera indefinida?

RESPUESTA.- Lo que está pasando en España es consecuencia de haber hecho desaparecer la metodología de tarifas que nosotros habíamos establecido hasta 2011, hasta que se hubiera concluido la moratoria nuclear y ya funcionase, por otra parte, el mecanismo de mercado y las mayores interconexiones internacionales. Como principio general los precios deben reflejar los costes bajo condiciones de eficiencia y esto lo tiene que materializar el mercado.

PREGUNTA.- Independencia de los reguladores. ¿Considera que es necesario abordar con celeridad esta cuestión en el ámbito energético? ¿Qué actuaciones proponen para aumentar la independencia del regulador energético, sobre todo teniendo en cuenta que se renuevan cuatro puestos una vez pasadas las elecciones?

RESPUESTA.- Reforzaremos el papel como órganos de control, regulación y consulta de la CNE y del CSN. Para ello:
– los Presidentes y Consejeros o Vocales: nombrados por el Congreso de los Diputados por mayoría 3/5 entre profesionales de reconocido prestigio, tras audiencia previa en Congreso.
– Autonomía administrativa y económica con presupuestos propios y más capacidad de decisión.
– Plazo del mandato del Presidente y Consejeros de 6 años no renovables. Renovaciones por tercios.
– Obligaciones de transparencia en información de decisiones acordadas.
– Comparecencia semestral en el Congreso de todos los Presidentes de organismos supervisores.

PREGUNTA.- ¿Cuál es la posición de su grupo político y del programa electoral de su partido en materia de energías renovables? ¿Cuáles serán sus actuaciones de cara a fomentar el desarrollo de las energías renovables? ¿Qué objetivos se plantean y a qué plazo?

RESPUESTA.- Elaboraremos una Ley de Energías Renovables para asegurar un marco legislativo y fiscal objetivo, transparente y predecible. Y también estableceremos una guía práctica para que todos los consumidores puedan disponer de la información necesaria para aprovechar su desarrollo. El objetivo es lograr el 12% a final de la legislatura y el 20% en 2020. En biocarburantes los objetivos son el 6% y 10%, respectivamente.

Junto a ello se debe impulsar al sector privado, a través de mecanismos eficientes de mercado, a realizar el desarrollo tecnológico que permita ganar en competitividad y ser predecible de cara a garantizar el suministro en puntas de demanda.

PREGUNTA.- Del mismo modo, ¿Qué se plantea en materia de reducción de emisiones de carbono? ¿Cuáles son los objetivos que se plantean? ¿Cómo actuarán en materia de la detracción de los costes de los derechos de emisión de la tarifa eléctrica?

RESPUESTA.- Nos planteamos cumplir con los objetivos y compromisos asumidos en relación con el protocolo de Kyoto, utilizando todos los mecanismos de flexibilidad permitidos. Esto significa que además del fuerte impulso de las renovables, el mantenimiento de los establecimientos nucleares y una estrategia ambiciosa en relación con el ahorro y la eficiencia energética, es preciso impulsar la repoblación forestal para mejorar el efecto sumidero y evitar la desertización y dinamizar las inversiones en energías limpias en países donde se permite utilizar este mecanismo de desarrollo limpio a efectos de cumplimiento de objetivo de emisiones.

La detracción de los costes de los derechos de emisión de la tarifa eléctrica es una equivocación que no arregla nada y no beneficia a los consumidores porque contribuye a agravar el déficit tarifario, embalsando un problema cuyo solución tendrá tarde o temprano consecuencias nefastas para los consumidores. En este tema, como en tantos otros, es sentarse con los sectores y ver cómo se pueden arreglar las cosas sin nuevos estropicios.

PREGUNTA.- Intervención pública en el sector empresarial español. El grado de liberalización del sector energético español es mucho más alto que en otros países. Del mismo modo, el sector público de otros países participa empresas como Enel o EDF y con un proteccionismo regulatorio mayor, lo que debilita la posición de nuestras empresas. En este contexto, ¿cómo ven una posible toma de control de Iberdrola por parte de EdF y, en su caso, ACS? ¿Se debería reclamar en la próxima legislatura a la Unión Europea, con mayor firmeza, una mayor simetría en los procesos de privatización y liberalización del sector energético?

RESPUESTA.- Hasta 2004 la intervención pública en el sector empresarial energético español ha sido neutra, salvo para garantizar la competencia y proteger los derechos de los consumidores y empresas españolas. Ahora que desde el Gobierno se han ofrecido señales de que las empresas energéticas españolas están en venta, vuelve al debate público el problema de la asimetría que representa que actúen con ventajas aquellas empresas que son monopolios públicos o en todo caso que tienen control público, lo que no propicia un sector energético europeo eficiente.

El Partido Popular cuando estuvo en el gobierno mantuvo una disposición en virtud de la cual se limitaban los derechos políticos de aquellas empresas públicas extranjeras que quisieran controlar nuestras empresas. Pero Bruselas dice que eso es atentar contra los principios europeos de libertad de movimiento de capitales y que el Tratado de Roma no prejuzga la propiedad pública o privada de los medios de producción.

Nosotros debemos argumentar que, al menos, se ponga el mismo celo en conseguir que haya mercado interior de la energía, que es la base sobre la que actúa el Tratado Europeo, mediante la exigencia de muchas más interconexiones internacionales de electricidad y gas, tal como ha indicado además el Consejo Europeo en varias ocasiones y especialmente el de Barcelona de 2002.