Industria reitera que las condiciones impuestas a Enel y Acciona son legales
El Ministerio de Industria insistió en la legalidad de las condiciones impuestas a Enel y Acciona para comprar Endesa, y reiteró que el conflicto con la Comisión Europea reside en una diferencia de criterios jurídicos y acabará previsiblemente en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Según explicaron fuentes de Industria, las condiciones impuestas a las dos compañías se ajustan a la normativa comunitaria, son «adecuadas, necesarias y proporcionales» y tienen como objetivo garantizar el suministro energético.
La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción contra España por no haber retirado estas condiciones, que considera ilegales, y le ha dado un plazo de quince días laborables para suprimirlas, bajo amenaza de seguir adelante con el proceso sancionador.
Desde Industria reiteran que mantendrán las condiciones y que se trata de una diferencia de criterios jurídicos entre la Comisión Europea y España que acabará previsiblemente en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, tal como ha avanzado en varias ocasiones el ministro de Industria, Joan Clos.
El origen del enfrentamiento entre Bruselas y España está en la normativa aprobada en marzo de 2006 por la que se ampliaron las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y que permite al organismo pronunciarse de forma vinculante sobre operaciones empresariales si afectan a la seguridad del suministro energético. Bruselas consideró esta norma contraria a la legislación comunitaria y abrió un expediente a España.
Desde que la CNE empezó a dictar resoluciones en el ejercicio de sus nuevas funciones, el Ejecutivo comunitario ha declarado ilegales todas las decisiones adoptadas tanto por el organismo que preside Maite Costa como por Industria que se amparan en aquella normativa.
El Ministerio rebajó en noviembre de 2006 las condiciones acordadas por la CNE para permitir a E.ON comprar Endesa y en octubre pasado las impuestas a Enel y Acciona.
Entre las condiciones que la Comisión no acepta figura mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de la eléctrica.
Las disputas entre el ejecutivo comunitario y el español no tienen consecuencias prácticas para las empresas, ya que Enel y Acciona han aceptado las condiciones dictadas por Industria y los expedientes abiertos no afectarán a una operación ya cerrada (Enel y Acciona tomaron el control efectivo de Endesa el pasado octubre).


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