Grupos ecologistas, partidos políticos y CCOO presentan en el Congreso una proposición de Ley de ahorro y uso eficiente de la energía

CC.OO, Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF/Adena y los grupos parlamentarios Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) y Los Verdes presentaron ayer a la mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía. La propuesta incluye un conjunto de medidas contundentes para frenar el continuo crecimiento del consumo de energía en España y crear un marco legal que fomente una cultura energética basada en el ahorro, el uso de tecnologías más eficientes y las fuentes de energía renovables.

En un comunicado, las organizaciones que han presentado esta proposición de ley señalan que “el sistema energético español ha venido mostrando tradicionalmente una pérdida de eficiencia energética al necesitar cada vez más energía para producir una unidad de PIB, por encima del resto de los países europeos”. Además han destacado la fuerte dependencia de suministro exterior de energía (un 80%, frente al 50% de media de la UE) y la fuerte escalada de los precios del petróleo, lo que, recuerdan, está perjudicando seriamente la competitividad de la economía española y la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

También señalan que las medidas propuestas por el Gobierno español resultan ineficientes para evitar el despilfarro y conseguir ahorros energéticos reales que garanticen el cumplimiento del protocolo de Kyoto.

La propuesta de ley establece un objetivo uniforme de al menos un 1% anual de ahorro en términos absolutos, durante los primeros cinco años a partir de su entrada en vigor, y que debería ajustarse con posterioridad hasta alcanzar una reducción mínima absoluta del 20% en 2020 con respecto a 2005.

Entre las medidas contempladas en la proposición de ley, destacan la disponibilidad de auditorías energéticas al alcance de todos los usuarios finales, especialmente para las PYME y los sectores residencial-terciario, así como la introducción y el cumplimiento de criterios de eficiencia energética en la planificación territorial y la construcción de edificios.

Respecto a la tarifa eléctrica, la proposición de ley propone que refleje los costes sociales y ambientales originados por las energías sucias.

También se contempla la eliminación progresiva del mercado de las tecnologías obsoletas e ineficienes, así como el cumplimiento de unos estándares mínimos de eficiencia energética en nuevos productos consumidores de energía. Y, en referencia a la iluminación exterior y contaminación lumínica, la propuesta establece la obligatoriedad de usar sistemas de alumbrado eficientes y limitaciones de la intensidad lumínica a partir de ciertas horas de la noche.

Por último, la propuesta establece que todas las Administraciones Públicas deberán contar con un plan de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones que incluya el nombramiento de un gestor energético para su seguimiento.

Para la realización efectiva de los objetivos e instrumentos previstos en la ley, se propone la creación de la Agencia para el Ahorro y las Energías
Renovables como ente administrativo e institucional, y el Consejo
Consultivo de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía como órgano de participación social, económica y ciudadana.