Carbono a ‘pachas’

Hay una noticia buena y otra mala tras la publicación de la Orden que fija el procedimiento de detracción de derechos de emisión a las eléctricas. La buena es que pese a las primeras intenciones del Ministerio de Industria de perdonar 650 millones de euros por los derechos de emisión, la tesis que finalmente resulta producirá la detracción completa de derechos. Una posición lógica, a la vista del escándalo alrededor del déficit tarifario galopante. Hubiera sido imperdonable, ir demasiado lejos, abandonar casi el 50% de los derechos de emisión como era la primera propuesta que envió Industria a la CNE, eliminando las operaciones bilateralizadas (aquel engendro regulatorio que establecía un precio fijo a las operaciones entre empresas generadoras y distribuidoras del mismo grupo). Eso es, lógicamente, motivo de satisfacción por parte del Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, frente a sus primeras intenciones.

Ahora, entre las tres posiciones que tenía Industria para elección a la hora de detraer los derechos de emisión, se ha decidido por una que supone el ‘control de rentas’ del sector eléctrico, no a través de la detracción de derechos de carbono en función de la contaminación de acuerdo a las emisiones de cada una de las tecnologías. Por tanto, se trataba de ‘esparcir el equivalente a los derechos de emisión’ para evitar que las tecnologías menos emisoras de contaminación fuesen más rentables y no resultasen penalizadas las contaminantes, atribuyendo la elevación de los precios en el mercado eléctrico al carbono. Es decir, acabar con la pretensión (y principio de partida de cualquier política medioambiental) de que la contaminación la pagase el que contamina. De igual modo que los costes asociados a las tecnologías nucleares los tendrán que pagar las nucleares, no se reparte a ‘pachas’. De forma que el que contamina, cobra y cobra de los demás (es decir de los que no contaminan).

¿Para qué una política medioambiental centrada –casi exclusivamente- en los gases efecto invernadero?. Si total, este año volvemos a batir récords de crecimiento de GEI’s nuevamente. ¿Para qué la prosopopeya del Plan Nacional de Asignaciones (que va una a una por instalación, determinando los derechos asignados y controla producción final de cada una de ellas)?. De hecho, el Consejo de Estado (aquí ocurre como con las renovables, qué va a decir sobre aspectos técnicos) le indica al Secretario General de Energía que “evite el efecto equivalente a la revocación del PNA que podría ocasionar la aplicación de la orden”. ¿Qué habrán visto o intuido los miembros del Consejo de Estado? Sólo cuestiones ‘formales’. ¿Será suficiente con los ‘tuneos regulatorios’ a que nos tienen acostumbrados, para calzar las Ordenes Ministeriales? El cuadro comparativo de los dos mecanismos es elocuente.

Poco se puede leer en esta decisión de política medioambiental y de mandar señales al mercado, de esfuerzo para hacer un ‘mix’ de generación más limpio en nuestro país. Más bien algo así como que todo cambie para que todo permanezca igual. Por tanto, se continúa con el modelo mental del ‘Marco Legal Estable’ (retribución en función de costes “reconocidos” y control de rentas) y tenemos lo que tenemos, lo que conforma una relación con los reguladores basada en la influencia y en la rogativa.

Crónica emocional de los derechos de emisión en el sector eléctrico

La crónica anticipada de la detracción de derechos de emisión a las empresas eléctricas no tiene desperdicio en lo que se refiere a la parte emocional. En este sentido, el Secretario General de Energía ha revelado al diario económico ‘Cinco Días’, y así lo recoge fielmente, presiones por parte de las empresas (concretándolas en Iberdrola) y el hecho de sentirse satisfecho, una vez realizado el trabajo de encontrar un mecanismo que beneficie a los consumidores, tras tantas intentonas anteriores.

En realidad, no se trata de defender a una empresa u otra, o incluso de presentarla como aislada, como parece que van las crónicas o versiones oficiales (tanto da). Se trata de contar con mecanismos eficaces, predecibles, estables, coherentes, no interpretables, con políticas que envíen señales de precios a los agentes económicos en función de la política energética o medioambiental que se pretenda implantar.

Queda saber si esta Orden Ministerial acabará en los tribunales, tal y como anticipa la noticia con enorme precisión, en lo que se refiere a las posibilidades jurídicas de recurso ante la Audiencia Nacional y el hecho ‘poco probable’ de que se fijen medidas cautelares.

Crucen los dedos.