ASIF responde a Industria: «El real decreto introduce inseguridad jurídica y, lejos de ralentizar el crecimiento del sector, lo paralizará completamente»

El sector fotovoltaico tiene mucho mayor tirón en países del norte de Europa, como Alemania, un líder en esta tecnología, que en España. Un hecho que, según el presidente de ASIF, Javier Anta, se debe, más que al apoyo social, al apoyo del Gobierno y a un marco regulatorio adecuado.

Sin embargo, y aunque las cifras de España están muy por debajo de las de Alemania, el crecimiento en este país ha experimentado un ritmo de crecimiento espectacular en los últimos dos años. En 2006 se instalaron 106 MW nuevos frente a los 23,3 de 2005 y los 11,8 de 2004. Un ritmo de crecimiento cercano al 500%, que, sin duda, ha preocupado al Ministerio de Industria, que busca ahora la forma de conseguir que las primas a la fotovoltaica no resulten ruinosas para el sistema eléctrico.

A finales de septiembre, la CNE anunció que los objetivos de energía solar fotovoltaica establecidos en el Plan de Energías Renovables (PER) se habían alcanzado en un 85%, lo que indica que el 100% está muy cercano -probablemente se llegue a los 371 MW antes de que termine este año-. El Plan de Energías Renovables establecía este objetivo para el año 2010.

Teniendo en cuenta estas cifras, Industria ha decidido elevar el objetivo del PER a 1.200 MW de potencia total instalada, de los cuales 200 serán instalaciones colocadas en edificaciones, y 1.000 corresponderán a las denominadas ‘huertas solares’.

Decisión unilateral de Industria

Para poner en marcha este mecanismo, la secretaría general de Energía, con Ignasi Nieto a la cabeza, decidió preparar un Real Decreto (específico para tecnología solar fotovoltaica), y en un principio, se esperaba que este documento se elaborase en colaboración con el sector. Según Javier Anta, la postura inicial de Nieto, cuando comprendió que había que establecer un objetivo más allá de los 371 MW que estaban a punto de conseguirse, fue muy positiva. En la mesa de negociaciones que se creó se acabó incluyendo también a la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA. Ambas asociaciones contrataron al prestigioso estudio Arthur D. Little para elaborar un exhaustivo informe sobre la situación y el crecimiento de la solar fotovoltaica, que todavía no ha visto la luz, pero que lo hará en breve.

Las palabras de Javier Anta revelan una gran decepción por parte de la asociación a la que representa. “Dos días antes de nuestra reunión con Nieto supimos que habían remitido un borrador de Real Decreto a la CNE, sin que hubiese habido negociación o diálogo alguno. Nos dieron con la puerta en las narices”, afirma Anta, aunque insiste en que ASIF sigue dispuesta a dialogar. Pero defiende sus propuestas para un nuevo borrador y asegura que ASIF seguirá intentándolo, bien a través del diálogo directo o bien, si no queda más remedio, mediante alegaciones enviadas a la CNE.

No obstante lo anterior, el borrador de Industria contiene una serie de aspectos coincidentes con las propuestas que hace la Asociación de la Industria Fotovoltaica, entre ellos, la obligación de uso de la fotovoltaica en edificaciones. Además, según explica Javier Anta, es necesario mantener el carácter de energía distribuida de la fotovoltaica, y por esa razón, huir de grandes instalaciones lejanas a las poblaciones. Un punto en el que coincide con el borrador de Industria.

Las propuestas de ASIF también pasan por evitar que se construya una gran huerta solar a base de sumar varias más pequeñas, procedentes de distintos titulares. “En ese caso” -señala Anta- “no se conseguirá el objetivo de no construir instalaciones fotovoltaicas demasiado grandes. El espíritu del Real Decreto 661/2007 es limitar el tamaño de las instalaciones a 10 MW, pero si no se cierra legalmente la posibilidad de que haya varios titulares de 10 MW, se seguirán construyendo huertas de 50 MW… a base de 5 titulares de 10 MW. Nuestra propuesta pretendía cerrar legalmente esa posibilidad”.

En un principio, según señala Javier Anta, parece que hay bastantes similitudes entre la propuesta de Industria y la de ASIF. Pero hay una diferencia fundamental, según el presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica, y está en el techo de 1.200 MW. Industria ha establecido un nuevo objetivo de potencia, teniendo en cuenta el prematuro cumplimiento de los objetivos del PER, pero lo ha hecho fijando una limitación, más allá de la cual se dejarán de percibir tarifas, incluso si todavía nos movemos dentro del período transitorio que termina en septiembre de 2008.

Una inversión sin unas primas garantizadas no tiene sentido

Según la Asociación, una inversión en energía fotovoltaica sin unas primas garantizadas no tiene sentido, porque se tardaría 10 veces más de lo que se tarda actualmente en rentabilizarla (hoy se tarda una media de 10 años). Y el problema que supone este límite de 1.200 MW es que, más allá, no hay prima garantizada. “Un inversor”, explica Javier Anta, “no va a arriesgarse a invertir un capital si no tiene la certeza de que estará dentro de ese límite de 1.200 MW que propone Industria. ¿Qué pasa si su instalación se sitúa en el megavatio número 1.201? Se quedará sin más retribución que la del mercado, y eso es una inversión ruinosa.”

El presidente de la patronal del sector, que cuenta hoy con más de 400 socios, y que a finales de este año serán casi 430, reconoce que, “hasta cierto punto, el RD 661/2007 nos ha dado un ritmo de crecimiento más fuerte del necesario, y del que por supuesto interesa al Gobierno en sus cálculos de tarifa”. Sin embargo, según la patronal, también hay que tener en cuenta que este último año, en que el crecimiento ha sido del 500%, había muchos proyectos a la espera de ver qué ocurría cuando se aprobase el nuevo decreto (se aprobó con seis meses de retraso), y que se materializaron de golpe en el momento en que el real decreto fue finalmente aprobado.

Javier Anta señala que la garantía de 1.200 MW no es una solución, a pesar de que las intenciones de industria buscan limitar este crecimiento exponencial. “Pero se ha hecho de tal forma que la fotovoltaica se paraliza desde ahora”. En este sentido, Anta ha explicado que los bancos son más reacios a financiar este tipo de proyectos y que sólo lo harán con avales o hipotecas, ya que no existe garantía para que los nuevos promotores vayan a cobrar una tarifa por su inversión, al no saber en qué punto se van a situar en lo referente a la potencia instalada total.

La medida de Ignasi Nieto, en contra de lo afirmado por Joan Clos, supone para ASIF el retorno a la inseguridad jurídica. “Se pueden elaborar tantos reales decretos seguidos como se desee”, explica Anta; “pero lo que es cierto es que, si sale uno adelante, éste no se debe modificar con un nuevo real decreto aprobado el mes siguiente; de lo contrario, lo único que se está fijando es un alto grado de inseguridad”. El Real Decreto 661/2007 se aprobó el 25 de mayo. Industria pretende ahora modificar determinados parámetros establecidos entonces.

Por lo que se refiere a los costes, la industria solar fotovoltaica está consiguiendo una tasa de reducción de un 5% anual, sobre una cifra de inversión en I+D de un 7%, cuando la media de inversión en investigación y desarrollo en el resto de los sectores es mucho más baja.

El hecho de que la nueva regulación sea específica para el sector fotovoltaico tiene algún que otro aspecto positivo, en opinión del presidente de ASIF. La fotovoltaica va a tener su propio real decreto, y eso, según Javier Anta, es un paso muy positivo, ya que cada tecnología tiene unas