La liquidación 2006 vive arriba

Como en la película de Billy Wilder “La tentación vive arriba”, pero sin Marilyn Monroe elevando sus faldas en las rejillas del metro, hablaremos del estado de la liquidación del año 2006 en el sector eléctrico, que vive arriba en la cabeza de alguien. Resulta complicado encontrar un sector económico cuyas empresas no conozcan a estas alturas del año 2007 sus resultados definitivos del año 2006. Este tipo de situaciones se han venido produciendo desde hace años en aquellas actividades donde existían motivos razonables para estimar los ingresos, por la existencia de un diferimiento contable entre el momento en que se producen los mismos y cuando se tienen bases ciertas para su contabilización. En este sentido, el diferimiento se produce cuando los ingresos se producen (se ‘devengan’, en lenguaje técnico) en un momento dado y, más adelante, se dispone de información para conocer los mismos de manera exacta.

Para abordar este problema, la ‘ingenieria contable’ ha desarrollado una serie de mecanismos y cuentas en los balances de las empresas (dado que las empresas tienen una serie de compromisos fiscales, societarios y registrales legalmente establecidos) para introducir esos ajustes y resolver esta situación de cara a estas obligaciones. Sin entrar en la mecánica contable de cada uno, es a lo que se denomina ‘ajustes por periodificación’, ‘ingresos y pagos anticipados’, ‘provisiones’, entre otras figuras contables al uso para resolver este problema. En este sentido, las empresas eléctricas habrán tenido que utilizar instrumentos de este tipo para calcular su resultado ‘estimatorio’ del 2006.

El hecho es que en estos momentos del ejercicio 2007, superados tres trimestres y dos revisiones tarifarias fallidas, las empresas del sector eléctrico no cuentan con la liquidación de sus ingresos del año pasado. Todo ello con cuestiones muy peliagudas abiertas: la figura de las operaciones bilateralizadas, incorporadas en el artículo 1 del R.D.L. 3/2006 (compras de energía que se producen entre generadoras y distribuidoras del mismo grupo empresarial), y el precio definitivo que se fija para valorar estas transacciones, es una de las cuestiones más polémicas. En paralelo, y relacionado directamente con esta cuestión, el informe que Industria solicita a Red Eléctrica sobre la ‘influencia’ de Iberdrola en el montante global del déficit tarifario del 2006, por la actuación en este proceso de casación ofertas de su distribuidora. Otra cuestión que se cuela en los intersticios del proceso de liquidación 2006 y que envenena, aún más si cabe, esta situación.

Otra de las cuestiones tiene que ver con la minoración de los ingresos de las eléctricas derivados de los derechos de emisión de carbono asignados gratuitamente a las empresas, en virtud del Plan Nacional de Asignaciones. El hecho es que Ignasi Nieto, Secretario General de Energía, tiene tres propuestas encima de la mesa. La inicial que remitió a la Comisión Nacional de Energía, la propuesta del Consejo de Administración del organismo y la que propone uno de los consejeros de la Comisión, Luis Albentosa, en un voto particular. La utilización de un criterio u otro manda mensajes diferentes a los agentes económicos sobre la coherencia entre la política energética y la política medioambiental (ahora que se organizan las ruedas de prensa ‘a pachas’). Pero al mismo tiempo, tiene consecuencias (económicas) para unas empresas u otras, más o menos deseables desde el Ministerio de Industria.

En conjunto, con todas estas cuestiones abiertas (demasiadas para un hombre solo), parece que se ha situado en un cierto limbo la determinación final de los ingresos del ejercicio 2006, no se sabe si a la espera de que pasen las elecciones ¡del 2008!, para evitar una fuerte (y nueva) polémica en el sector o porque se intente un ejercicio de negociación por ‘packs’, en un deseo de volver a los ‘viejos tiempos’ (una liquidación no puede ser una negociación). En todo caso, no es razonable para los agentes económicos, el indeterminismo regulatorio, que los criterios de liquidación de cada ejercicio se fijen nueve meses después de su finalización y que desde la última liquidación de la CNE hayan pasado seis meses sin que esta cuestión, clave e indicativa de la verdadera acción en materia de transparencia y seguridad jurídica en el sector, se resuelva.

Dicen que peor que una mala noticia es una incertidumbre. Caminamos hacia la inseguridad jurídica. Una tentación.