El Gobierno atribuye el fracaso del concurso eólico canario a los retrasos de la Administración de las islas

Esta consideración aparece recogida en la respuesta del Ejecutivo a una pregunta por escrito formulada por UPyD, acerca de los motivos por los que Industria fue incapaz de completar el cupo eólico de 450 megavatios (MW) reservado para Canarias tras recibir solicitudes para apenas 20 MW. El Gobierno reconoce que a la convocatoria se presentaron «proyectos eólicos por una reducida potencia» y atribuye esta circunstancia a «retrasos en la tramitación administrativa por parte de los órganos competentes de la comunidad autónoma». Ante estos retrasos, Industria decidió ampliar el calendario para permitir el «despliegue masivo» de la eólica en Canarias y lograr, así, la «esperada reducción significativa de los costes de generación» en este sistema extrapeninsular.

La excepción canaria aparece recogida en el real decreto 413/2014 de parámetros retributivos para las renovables, en el que se establece una convocatoria específica para la eólica en esta comunidad autónoma con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de este tipo de instalaciones. Si bien la nueva Ley del Sector Eléctrico permitía este tipo de excepciones regionales siempre y cuando la convocatoria se hiciese antes del 31 de diciembre de 2014, el Gobierno ha aprovechado el real decreto ley con los cambios en el régimen fiscal de Canarias para ampliarlas en un año.

La nueva norma establece que los parques eólicos deberán entrar en servicio antes del 31 de diciembre de 2018. Su instalación permitirá reducir los sobrecostes de las actividades eléctricas extrapeninsulares, que rondan los 1.800 millones anuales. Las empresas del sector estiman que la instalación de los 450 MW eólicos en Canarias supondría una inversión de unos 630 millones de euros y la creación de aproximadamente 3.500 empleos en los años de construcción de los parques.