La eléctrica pública de Puerto Rico tiene dos semanas para presentar un plan para su viabilidad

«Los acreedores han acordado extender el plazo hasta el próximo 30 de abril para permitir que todas las partes continúen el diálogo y alcanzar así una solución de consenso que transforme la AEE en beneficio de todas las partes», apuntó Lisa Donahue, responsable de reestructuración de la empresa estatal, que subrayó que la aceptación de los acreedores a la propuesta de retraso en la entrega del plan demuestra que se están «logrando progresos y que deben continuar las conversaciones a fin de encontrar soluciones factibles que transformarán a la AEE».

En consecuencia, la AEE sigue con la implementación de múltiples iniciativas para mejorar sus operaciones para el beneficio de sus accionistas y su plan de recuperación a largo plazo y, desde sus propios responsables, se subraya que los esfuerzos realizados tienen como objetivo la transformación de la corporación pública en una compañía de energía sostenible mientras se reestructura la organización para mejorar la situación financiera de la empresa y de las operaciones de la AEE.

«Estamos encantados de que los acreedores hayan acordado ampliar los acuerdos para que podamos seguir trabajando en la transformación de la AEE. La compañía se centrará ahora en el logro de la reestructuración y optimización de nuestras operaciones», apuntó por su parte Harry Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE. Los acreedores vienen demandando un plan de garantías para no acusar a la AEE del impago de los 650 millones de dólares que les debe la compañía estatal desde agosto, lo que hubiera podido provocar su liquidación.

El pago se prorrogó desde agosto hasta el 31 de marzo, aunque se concedieron después 15 días más que ahora vuelven a prorrogarse hasta finales de mes. La AEE tiene que hacer frente además a otro vencimiento de deuda de 400 millones de dólares el próximo 1 de julio. Por su parte, los acreedores presentaron su propio plan de negocio que incluye una financiación de 2.000 millones de dólares para hacer frente a inversiones en nuevas infraestructuras que permitan la viabilidad de la compañía pública.