La Justicia decide paralizar la construcción de la regasificadora de Enagás en la isla de Tenerife
López aseguró que una sentencia emitida el 16 de marzo por el TSJM estima el recurso presentado por la Plataforma y anula la autorización administrativa para construir la regasificadora y también la declaración de impacto ambiental presentada porque no hay un estudio independiente del efecto acumulativo que tendría todas las instalaciones ubicadas en el polígono industrial, como la central térmica, la planta de gas o los almacenes, en el puerto de Granadilla. Enagás tiene diez días para recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, y fuentes de la empresa comunicaron que están evaluando en detalle los efectos de la sentencia. Según López, con esta sentencia ahora la empresa «tendrá que demostrar que tiene la razón».
Según explicó este abogado, para el tribunal «no vale» con hacer un estudio de los vertidos que tendría la planta de gas, sino que es preciso unir a los mismos los que procederán de la central térmica y también los del resto de industrias que se instalen en el polígono de ese municipio del sur de la isla. Lo cierto es que el propio López reconoció que la Plataforma no ha podido aportar pruebas en relación con que el agua de la regasificadora, que estará a entre tres y cinco grados centígrados menos que la del mar próximo además de mezclada con cloro, afectará tanto a la fauna como a la flora de la zona.
López defendió, en detrimento del gas, que las posibilidades de las energías renovables son «inmensas», pero hace falta «voluntad política» para «cambiar» el modelo energético. Por ello, indicó que frente a la posible creación de 1.500 puestos de trabajo, las renovables aportan generación de empleo «cualificado», permitirán a las islas acceder a la «soberanía energética» y reducir la dependencia del petróleo, y abaratar la factura eléctrica. Desde la plataforma insistieron en que la sentencia es un «gran paso» para empezar a abordar el «imprescindible» cambio de modelo energético ya que el gas también es «contaminante».
Esta sentencia fue emitida dos días antes de que el presidente de Enagás, Antonio Llardén, anunciase que las obras de construcción de la regasificadora comenzarán en el segundo semestre del año, con una inversión de 300 millones de euros. Si bien la sentencia fue emitida el 16 de marzo, no se comunicó a las partes hasta la semana pasada. Enagás tiene el compromiso por ley de construir dos regasificadoras en Canarias, en aplicación de la reforma de la ley que regula los sistemas energéticos extrapeninsulares. Según la Plataforma, el proyecto queda ahora atascado durante un año como mínimo y deberá empezar «prácticamente de cero» si el Supremo ratifica la sentencia.

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