El Tribunal Constitucional levanta la suspensión provisional de la ley sobre el fracking en Cataluña

Esta regulación se incluye en el artículo 167.1 de la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional en noviembre como consecuencia de la impugnación del Gobierno central. En concreto, la norma plantea la prohibición de la fracturación hidráulica «cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalidad«. Ahora, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tribunal levanta esa suspensión, que podía mantener por un plazo máximo de cinco meses.

Además, según el auto, el Tribunal Constitucional justifica su decisión en lo señalado en la nueva Ley de medidas fiscales aprobada hace unos días en el Parlamento de Cataluña, en la que el legislador catalán asume que esta técnica con sujeción a determinadas condiciones medioambientales «debe autorizarse de acuerdo con la legislación básica estatal«. Por ello, y al desaparecer el objeto del «incidente de suspensión», el Constitucional dictaminó que debe levantarse la suspensión acordada hace unos meses respecto de determinados preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas catalana. Concretamente desde noviembre, cuando el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la regulación.

El Constitucional ya se pronunció sobre el fondo del asunto en las normativas de Cantabria y de La Rioja que prohibían el uso del fracking en sus territorios y en ambos casos las declaró inconstitucionales con el argumento de que la ordenación del sector energético y del gasístico es una competencia exclusiva del Estado. Además de Cataluña, La Rioja y Cantabria, las comunidades de Navarra y Andalucía legislaron contra esta práctica, que consiste en la fractura mediante agua a presión mezclada con arena y otros elementos las zonas rocosas del subsuelo en las que están alojadas las reservas de hidrocarburos.

En España hay cerca de medio centenar de permisos concedidos para llevar a cabo prospecciones en Asturias, Cantabria, Castilla y León, el País Vasco, Aragón, Cataluña y Castilla La Mancha; y otros tantos solicitados en las mismas regiones más la Comunidad Valenciana y Navarra. El Gobierno tramita un proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos, donde se recogen incentivos fiscales para ayuntamientos y comunidades con yacimientos de hidrocarburos en sus territorios, incluidos los extraídos mediante el fracking.

Desde Cataluña celebran la decisión

El Gobierno de Cataluña celebró la decisión del Tribunal Constitucional, que permite restituir el marco legal aprobado por el Parlamento autonómico en esta materia, que fue suspendido en noviembre pasado como consecuencia de la impugnación de esta regulación por el Gobierno central. En este sentido, el Ejecutivo catalán recordó que el Constitucional aún no se pronunció sobre el fondo de la demanda interpuesta por el Gobierno, aunque esta medida «facilita el trabajo de la Generalitat, que desde el momento de la suspensión manifestó su voluntad de no autorizar el uso de esta técnica en Cataluña«.