La CNMC ve un «amplio margen de mejora» en los precios regulados de las inspecciones de gas y pide abrirlas a la competencia para reducirlos

Estas consideraciones aparecen recogidas en un estudio publicado por el organismo presidido por José María Marín Quemada acerca de este mercado de inspecciones periódicas de gas canalizado.

El análisis económico de este mercado indicó que la introducción de competencia efectiva aportaría ventajas en precios y servicio al usuario, al tiempo que se recomienda a las administraciones competentes que adopten medidas de mejora de la eficiencia económica de las inspecciones periódicas.

La redacción actual de la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos establece, entre las obligaciones de las empresas distribuidoras de gases combustibles y suministradores de gases licuados del petróleo, la realización cada cinco años de visitas de inspección a las instalaciones receptoras conectadas a redes canalizadas.

El coste de estas inspecciones se repercute a los usuarios de las instalaciones y corresponde a las Comunidades Autónomas la regulación del precio que perciben los distribuidores por realizar tales inspecciones periódicas.

El objetivo de este estudio es analizar la regulación de estas inspecciones periódicas y realizar una serie de recomendaciones a las autoridades competentes, nacionales y autonómicas, para que el mecanismo de inspección periódica de instalaciones receptoras de gases combustibles conectadas a redes de distribución logre la máxima eficiencia económica y cumpla con los objetivos de seguridad de las instalaciones.

El estudio concluyó que, teniendo en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad, es conveniente una apertura a la competencia del servicio de inspección periódica.

La introducción de presión competitiva en el mercado mejoraría las condiciones del servicio de inspección para el consumidor, permitiría una previsible reducción de los precios respecto a los precios actualmente regulados y una mayor flexibilidad a la hora de acordar una cita para la visita de los inspectores a la instalación.

No obstante, el análisis económico detectó la existencia de posibles fallos de mercado que podrían afectar a su correcto funcionamiento. Para ello se propuso que la apertura del mercado se acompañe de medidas adicionales que garanticen la seguridad y la calidad de las instalaciones inspeccionadas.

En concreto, se recomendó dar la opción a los usuarios de contratar la inspección con un instalador autorizado de su elección, con libertad de precios, trasladando al consumidor las ventajas de la tensión competitiva existente actualmente en la subcontratación de los servicios de inspección por parte de las compañías distribuidoras o suministradoras.

Adicionalmente, se recomendó la habilitación del acceso de las empresas instaladoras a la información de la que dispone cada distribuidor, así como establecer unos criterios transparentes y homogéneos para la fijación de las tarifas reguladas por las Comunidades Autónomas.

Por último, y con objeto de asegurar la seguridad en las instalaciones, se recomendó revisar el criterio legal de actuación sobre la interrupción del suministro en casos de ausencia del titular o falta de autorización para acceder a las instalaciones, cumpliendo siempre plenamente las garantías para el usuario.