Industria dispone de diez días para completar el expediente en el que basó la retribución a las renovables

Así lo señaló APPA al explicar que el Supremo accedió a la petición de suspender el plazo para que la asociación formalice su demanda contra la Orden IET1045/2014, que estableció la nueva retribución a las energías renovables.

En la misma diligencia, el Alto Tribunal acordó la petición a Industria de que complete en diez días el expediente administrativo que había sido demandado por APPA.

La asociación presentó al Tribunal Supremo un escrito el pasado 18 de marzo en el que solicitaba que el departamento de José Manuel Soria aportara «antecedentes esenciales» relacionados con el recurso contencioso-administrativo que la asociación tiene presentado contra la orden de retribución de renovables.

En su escrito, la asociación de renovables exponía que «el expediente administrativo sigue incompleto y que la ingente documentación entregada por Industria al Supremo no contiene información fundamental e imprescindible para una efectiva defensa legal en los recursos presentados».

El Gobierno aprobó en junio de 2014 la normativa de renovables que supuso un recorte de unos 1.700 millones de euros de las primas a estas tecnologías, al pasar de un sistema de primas a la producción por una retribución razonable a lo largo de la vida útil de la planta, y para cuya elaboración Industria contrató a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group.

Esta reforma conllevó la presentación de varias demandas por parte de empresarios afectados y asociaciones que pidieron reiteradamente a Industria que aportara los informes encargados a las consultoras para fundamentar la normativa, una solicitud que finalmente fue aceptada por el Supremo.

Así, Industria envió un paquete documental en el que reconocía que el contrato con Boston Consulting Group se rescindió, por no cumplir el pliego de condiciones del contrato, y aportaba el informe de Roland Berger, que estaba fechado el 31 de octubre de ese año, cuatro meses más tarde a la aprobación de la normativa.

Esto despertó las críticas del sector, que acusó a Industria de ignorar los informes en la elaboración de los parámetros retributivos, a lo que el Gobierno respondió que la responsabilidad de esta labor correspondía al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y no a las consultoras.