Las petroleras no podrán abrir gasolineras si copan más del 30% de las ventas en esa provincia

Ya desde julio de 2013 los mayoristas propietarios, las petroleras tradicionales ya sean gestores directos o indirectos, o con contratos de exclusividad de más del 30% de las gasolineras no pueden incrementar el número de sus estaciones de servicio ni firmar nuevos contratos de exclusividad, aunque sí pueden renovar los existentes incluso aunque eso signifique superar ese porcentaje. Pero para fomentar más la competencia, los populares vinculan ahora también los límites a las ventas, de modo que superar el 30% de ventas anuales en la provincia también impedirá hacerse con nuevas instalaciones, independientemente de que con ello no se aumente el número total de gasolineras.

El PP, cuyas enmiendas previsiblemente serán aprobadas, considera que es «más justo» establecer el peso de cada compañía en el mercado por volumen de venta. Su objetivo es evitar que los mayoristas reorganicen su red «deshaciéndose de instalaciones de su propiedad con menor negocio y adquiriendo otras con más actividad de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado en aquellos ámbitos donde ya superan el 30%«. Además, el Ministerio publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan dicho porcentaje, que podrá ser revisado por el Gobierno «a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen».

A efectos del cálculo, el Gobierno considerará que son integrantes de la misma red las gasolineras en propiedad, tanto de explotación directa como de cesión a terceros por cualquier título, y las que tienen un contrato de suministro en exclusiva, así como cualquiera perteneciente al mismo grupo empresarial. En el caso de las Islas Baleares y las Canarias el cómputo se realizará de forma independiente para cada isla, al igual que en los casos de Ceuta y Melilla. El incumplimiento de estos límites o cualquier práctica de los mayoristas dirigida a determinar directa o indirectamente el precio de venta del combustible a las estaciones de servicio será considerado infracción grave.

Además, para favorecer la apertura de nuevas estaciones de servicio, se obligará a las comunidades autónomas a incluir en su registro de instalaciones de distribución al por menor todos los proyectos de apertura de nuevas estaciones y su estado de tramitación, y no sólo las que ya están funcionando. Para mejorar la supervisión sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), el PP permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «condicionar» la metodología de las tarifas de acceso a las instalaciones de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos y establecer observaciones y recomendaciones para su mejora.

Por otra parte, las enmiendas del PP buscan «ahondar en la transparencia» en el sector de los combustibles, facultando a la Dirección General de Política Energética y Minas a solicitar «en todo momento» una copia de los contratos de suministro en exclusiva entre operadores al por mayor y estaciones de servicio, para «poder supervisar adecuadamente» el cumplimiento de estas limitaciones. Estas enmiendas fueron presentadas fuera del plazo previsto y para poder introducirlas será necesario un acuerdo por unanimidad de la Junta de Portavoces, circunstancia «normal y que sucede con cierta frecuencia» en el trámite parlamentario, según explicó el grupo popular.

Igualmente, se permitirá que las gasolineras que no pertenezcan a la red de su suministrador puedan informar del origen del combustible que venden, publicitando así al mayorista. Y se permite también que los distribuidores al por menor, tanto estaciones de servicio como empresas de venta directa, puedan vender carburantes a otras gasolineras, otra de las cuestiones que el PSOE ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión. Según el PP, este cambio implicará que los distribuidores al por menor serán considerados «almacenes fiscales» para poder vender y comprar entre ellos sin tener que cumplir determinados requisitos, aunque sí estarán obligados a informar a la Agencia Tributaria (AEAT) de estas actividades.

En otra enmienda, se amplía la información que distribuidoras y operadores deben remitir a Industria en relación con los precios de los carburantes en sus estaciones de servicio, de modo que también incluya el volumen de venta para conseguir un «mejor seguimiento de las cuotas de mercado de cada operador» y poder «reportar los precios del venta al público de productos petrolíferos a la Comisión Europea a partir de medias ponderadas en función del volumen de venta de cada estación».

Nuevo operador único del gas

El proyecto de ley de reforma de la normativa de Hidrocarburos, de 1998, también crea el nuevo operador único del mercado organizado del gas, sobre el que el PP ha presentado únicamente una batería de enmiendas de carácter técnico junto con algunas precisiones en relación con el régimen retributivo. Así, si el texto original del Ejecutivo preveía que desde un principio fueran los comercializadores los que asumieran el coste de la retribución del operador del mercado, los populares han decidido que transitoriamente se considere un coste del sistema «hasta que se alcancen las condiciones de suficiente liquidez», al considerar que repartirlo en función del gas introducido en el sistema «supondría una asimetría» entre los operadores.

También se «reduce» el impacto de la inclusión durante el año 2015 de nuevos almacenamientos subterráneos en el régimen retributivo del sistema gasista, al fijarse que las cantidades devengadas entre la puesta en servicio provisional y el 31 de diciembre de 2014 se incluirán en la liquidación definitiva del pasado ejercicio. Los populares eliminan asimismo la obligación de reingresar a los sistemas eléctrico y gasista las cantidades que figuraban como fondos propios en su balance a 31 de diciembre de 2011, dado que se han «alterado» las razones que justificaban esta imposición al desaparecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE), integrada en la CNMC.

Para facilitar la entrada de nuevos comercializadores de gas, se elimina la exigencia de una autorización administrativa previa a las empresas que no sean de la Unión Europea si ya cuenta con el permiso de algún país miembro, y se igualan las exigencias de existencias de seguridad de los nuevos operadores a las de los que ya operan en el mercado. Además, se aclara la obligación de las distribuidoras de gas de realizar las inspecciones obligatorias si el consumidor no ejerce su derecho a elegir libremente a otra compañía y se suprimen las pruebas sobre capacidad económica de los operadores.

También se revisa el régimen de infracciones, incluyendo por ejemplo entre las muy graves el incumplimiento de las limitaciones sobre participación en el accionariado del operador del mercado de gas; y se atribuye la capacidad sancionadora en función de la materia y el territorio y no del autorizador. El PP impone además el silencio administrativo negativo en los procedimientos relacionados con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos; y obliga a publicar en el BOE los actos administrativos y resoluciones.

Finalmente, se permite que el sistema eléctrico asuma los sobrecostes derivados de los cambios de combustible en las plantas de producción eléctrica no peninsulares que no se justifiquen por razones técnicas y a partir del 1 de enero próximo el pago por las obligaciones anuales de ahorro energético será trimestral, y no cuatrimestral. La semana pasada el titular de Industria, José Manuel Soria, abrió la puerta a limitar el peso de las petroleras al animar a los parlamentarios a plantear propuestas en este sentido durante el debate de enmiendas a la totalidad de la ley.